El centro de la acusación de la Justicia al presidente de la AFA del “Chiqui” Tapia consiste en que retuvo aportes jubilatorios e impositivos por 19 mil millones de pesos en el 2025 durante un lapso que va entre cinco meses y un año pese a que tenía 45 mil millones de pesos en plazos fijos e ingresos por un total de 453 millones.
Fuentes de ARCA consultadas por Clarín sostienen que con esa plata que no era de su propiedad la AFA “hizo una bicicleta financiera” pese a los beneficios impositivos y previsionales «gracias a un decreto que le dio el ex ministro de Economía Sergio Massa en 2023″, en medio de su campaña presidencial.
El delito que se le imputa no es evasión fiscal sino retención ilegal de impuestos que la AFA le cobró a sus empleados y a sus proveedores pero no entregó a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) como le correspondía dentro de los 30 días posteriores al cobro en su calidad de agente de de retención.
La deuda previsional de 10.700 millones de pesos la AFA la pagó “en diciembre del año pasado”, es decir tuvo la plata depositada o girando en otros productos financieros casi un año.
Y la deuda impositiva, de 8.600 millones la pagó con “casi seis meses de retraso”, destacaron las fuentes. Esto es aún más grave porque incluso usaron facturas truchas de proveedores.
Pero esta es solo la última escena de una pelea entre la AFA y el Gobierno que comenzó el año pasado tratando de que la entidad madre del fútbol argentino y los clubes paguen el 100 por ciento de sus obligaciones jubilatorias, sin contar del debate por las SAD, que tiene también a Sergio Massa como protagonista.
El juez en lo penal económico Diego Amarante y el fiscal Claudio Navas Rial indagarán a Tapia como sospechoso el 5 de marzo para que se defienda de esa acusación y al día siguiente al Tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, quien aparece más comprometido en esta causa.
Si bien Tapia es el administrador de clave fiscal de la AFA, la gerenta de Administración y Control de la AFA, Mónica Bouvet, y la empleada Paula Méndez declararon como testigos que “el circuito de pagos impositivos dependía exclusivamente de la orden verbal, personal o telefónica del tesorero”.
Bouvet precisó que informaba los vencimientos ante ARCA y la deuda acumulada, tras lo cual aguardaba «la instrucción directa de Toviggino» para emitir los volantes electrónicos de pago (VEP). Estas obligaciones se cancelaban desde cuentas institucionales en el Banco Credicoop, entidad que requería la firma conjunta de tres autoridades para disponer de los fondos.
La defensa de Tapia sostuvo que “al momento del vencimiento de las obligaciones fiscales imputadas se encontraba vigente una normativa que impedía la ejecución de la deuda por parte del organismo recaudador, por lo que -a su entender- ésta no resultaba exigible”.
En tal sentido, afirmó que “tenía el derecho a no ingresar dichas obligaciones, en tanto el Ministerio de Economía y el propio organismo recaudador, en ejercicio de sus atribuciones legales, habían quitado exigibilidad a las deudas generadas en cabeza de las entidades sin fines de lucro, universo dentro del cual se encuentra la Asociación del Fútbol Argentino”.
Los abogados de Tapia insistieron en que las deudas ”no resultaban exigibles, en tanto sucesivas normas dictadas por el Estado Nacional habían prohibido su ejecución judicial e incluso la adopción de medidas cautelares destinadas a resguardar dicho crédito, que, aun siendo líquido, carecía de exigibilidad jurídica”, en alusión a fallos de la justicia en lo Contencioso Administrativo Federal.
Sin embargo, el fiscal Claudio Navas Rial sostuvo que “los vencimientos de las obligaciones oportunamente denunciadas, éstas no sufrieron modificación alguna teniendo en cuenta las Resoluciones Generales (ARCA) Nro. 5482/2024, 5532/2024, 5628/2024, 5736/2025 y 5806/2025″ y acompañó los archivos «Cuadro AFA – Fechas Vencimiento -Previsional» y «Cuadro AFA – Fechas Vencimiento- Impositivo».
La AFA tiene 1.225 empleados
Así el fiscal afirmó que la AFA incurrió en la retención indebida de tributos (concepto que comprende Retención SIRE-IVA, Retención SICORE-IG IMP 217 y Retención SICORE Ganancias art. 79 Imp.787). Y retención indebida de contribuciones a la seguridad social de sus 1.225 empleados. La retención SIRE es por el 21 por ciento que debía retener en los pagos a cada proveedor.
Tapia y Toviggino basaron su defensa, entre otros argumentos, en el Decreto 510/2023 del ex ministro de Economía Sergio Massa que estableció un régimen especial de percepción y retención para el ingreso de cotizaciones con destino a la seguridad social que benefició principalmente al ámbito del fútbol argentino, abarcando a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), la Liga Profesional de Fútbol (LPF) y los 128 clubes que participan en determinadas categoría.
El decreto dispuso un tratamiento singular para el ingreso de cotizaciones con destino a la seguridad social (incluye aportes personales y contribuciones patronales para jubilaciones, seguridad social, Asignaciones Familiares, Fondo Nacional de Empleo e INSSJP) para el personal del fútbol profesional argentino — futbolistas, cuerpos técnicos, médicos y auxiliares — y para el personal dependiente de la AFA y clubes comprendidos en divisiones oficiales.
La AFA, la Liga Profesional de Fútbol y los clubes debían pagar una alícuota sobre derechos de televisación, apuestas, las entradas a los partidos y la venta de jugadores.
Tapia presenta a Massa como futuro presidente
El decreto de Massa fijó que el 7,50 % del monto bruto percibido la alícuota y sumó a la AFA a los beneficios.
La respuesta política llegó pronto. El 5 de octubre de 2023, Claudio Tapia brindó una conferencia de presa en el predio de la AFA acompañado por Massa en el marco de la confirmación de que la Argentina será una de las seis sedes del Mundial 2030. Allí el presidente del fútbol argentino sorprendió cuando miró a la cara a Massa y le anticipó que era el “futuro presidente de los argentinos”.
Massa se basó, a su vez, en el Decreto N° 1212/2003 del ex presidente Eduardo Duhalde que estableció un régimen especial de percepción y retención de aportes personales y contribuciones patronales con destino a la seguridad social para los clubes del fútbol profesional argentino, pero no la AFA. Y puso una primera alícuota, en vez de pagar el 100 por ciento como todas las empresas privadas en la Argentina lo que creó un “agujero” para el sistema previsional.
Sin embargo, el gobierno de Javier Milei, a través del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, convocó a una mesa de diálogo a la AFA y los clubes para ver cómo lograr que el la deuda del sistema del fútbol no fuera tan grande con la ANSES.
Incluso, se descubrió que algunos clubes en vez de cobrar “entradas” cobraban “abonos” para eludir estas cargas. Hubo una propuesta de subir la alícuota y pagar todos los aportes jubilatorios, que no abonan desde hace más de 20 años. Pero se rechazó y el gobierno dio de baja todo este sistema.
Entonces, la AFA consiguió una cautelar del Juez en lo Contencioso Administrativo Federal Enrique Alonso Regueira que suspendió la aplicación de una resolución de la secretaria de Trabajo de Mieli que buscaba terminar el régimen especial de aportes jubilatorios y de seguridad social para la AFA y los clubes. Luego la AFA hizo otra denuncia ante el juez de ese fuero Enrique Lavié Pico quien le concedió otra cautelar que ordenó mantener la alícuota especial de aportes en torno al 7,5 % para AFA y clubes de fútbol, y frenó el intento del Gobierno de elevarla hasta cerca del 18 % en algunos esquemas. “El fallo no es justicia, sino injusticia, un cheque en blanco para que un grupo específico no pague los impuestos que afrontamos todos”, escribió Sturzenegger en X. La cámara del fuero respaldó las cautelares.
Ahora el gobierno de Milei apeló las cautelares a la Corte y la espera fallos que resuelvan el problema de fondo: quién paga las jubilaciones de los jugadores y los empleados del fútbol.
