La discusión expone una tensión de fondo: desarrollo productivo versus preservación ambiental. Mientras el Gobierno sostiene que la reforma busca «ordenar» el marco jurídico y dar mayor protagonismo a las provincias, científicos y organizaciones ambientales alertan sobre el riesgo de habilitar actividades extractivas en zonas clave para la seguridad hídrica.
Qué establece la Ley de Glaciares vigente
La Ley 26.639 fue sancionada el 30 de septiembre de 2010 y fija los presupuestos mínimos de protección ambiental para glaciares y ambiente periglaciar.
Sus principales puntos
- Declara a los glaciares bienes públicos.
- Los reconoce como reservas estratégicas de recursos hídricos.
- Extiende la protección al ambiente periglacial (suelos congelados que regulan el agua).
Prohíbe:
- Exploración y explotación minera.
- Actividad hidrocarburífera.
- Instalación de industrias.
- Liberación de contaminantes.
- Exige evaluación de impacto ambiental y participación ciudadana.
Además, crea el Inventario Nacional de Glaciares, a cargo del IANIGLA (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales), que debe actualizarse cada cinco años. Según el último relevamiento, existen 16.968 cuerpos de hielo que abarcan 8.484 km² en 12 provincias.
¿Por qué son estratégicos los glaciares?
La importancia estratégica de estos ecosistemas es indiscutida. Los glaciares alimentan 39 cuencas hidrográficas y más de un tercio del territorio continental argentino depende, directa o indirectamente, del agua proveniente del deshielo. Además, sostienen humedales altoandinos, vegas y turberas, donde habita una biodiversidad altamente especializada. El retroceso de estas masas de hielo, impulsado por el cambio climático, es una realidad comprobada. El emblemático Glaciar Perito Moreno, por ejemplo, perdió cientos de metros de frente en los últimos años, según estudios científicos vinculados al CONICET.
Qué propone la reforma
El Gobierno nacional impulsa modificaciones con el argumento de corregir «falencias interpretativas» que, según sostiene, generaron inseguridad jurídica y frenaron inversiones, especialmente mineras.
Los ejes del proyecto
- Reforzar el llamado «federalismo ambiental».
- Otorgar mayor protagonismo a las provincias en la definición y gestión de glaciares.
- Revisar criterios de delimitación de áreas protegidas.
Sin embargo, desde sectores ambientales y científicos advierten que ese cambio podría trasladar a las jurisdicciones provinciales la potestad de determinar qué formaciones quedan protegidas y cuáles no, debilitando el rol técnico del inventario nacional y abriendo la puerta a criterios más flexibles en zonas de interés extractivo. La discusión cobra especial intensidad en provincias como San Juan, Catamarca, Jujuy o Salta, donde el desarrollo de proyectos vinculados al litio y otros minerales estratégicos convive con áreas glaciares y periglaciares.
El trasfondo: minería y litio
La discusión se intensifica en provincias cordilleranas como San Juan, Mendoza, Catamarca, Jujuy y Salta, donde se concentran proyectos vinculados al litio y otros minerales estratégicos. La ley vigente establece un piso mínimo ambiental obligatorio: las provincias pueden ser más estrictas, pero no más laxas. El debate es si la reforma modifica ese equilibrio.
Cambio climático y urgencia ambiental
El retroceso glaciar es un fenómeno comprobado. La temperatura media global en 2025 superó en 1,44 °C el promedio preindustrial, acelerando el deshielo. Entre 2000 y 2023, los glaciares del mundo perdieron en promedio 273 mil millones de toneladas de masa por año, contribuyendo al aumento del nivel del mar. Para la comunidad científica, más allá del debate legislativo, la única solución estructural es la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.
