Frente a la casa Burés, una joya del modernismo arquitectónico de Barcelona, tiene su sede una institución desconocida por el gran público. Se trata del Jurat d’Expropiació de Catalunya (calle Girona, 20), ente que entra en acción cuando la Administración autonómica o municipal y un privado no se ponen de acuerdo sobre el precio de una propiedad que debe pasar a manos públicas para dar cumplimiento a algún proyecto de interés general.
Cuando se activa la batseñal , sus técnicos se movilizan para estudiar el lugar desde todos los puntos de vista. Tras aplicar sesudas fórmulas matemáticas, presentan un informe que incluye el denominado justiprecio , es decir, el coste que, objetivamente, consideran que tiene la finca. Ahora, tras 30 años de funcionamiento, el Govern se ha propuesto ponerlo al día e impulsarlo, con mejores condiciones de trabajo y más coordinación entre las cinco secciones territoriales.
Una de las últimas operaciones es la del edificio Venus, con valoraciones de unos 95.000 euros por piso
¿Por qué alguien debería fiarse del dictamen de este jurado? Primero, porque es un ente que, aunque cuelgue del Departament de Presidència, funciona de manera independiente. Y segundo, porque es, seguramente, el organismo público más multidisciplinar de la Generalitat, con abogados, notarios, registradores de la propiedad, arquitectos, economistas e ingenieros varios, sobre todo agrónomos.
También hay miembros de las cámaras de comercio y de la propiedad, entidades municipalistas y asociaciones como Unió de Pagesos. En función del caso, el jurado moviliza a uno u otro especialista. O a varios, si en necesario. Por ejemplo: una finca rústica que en su interior tenga una actividad económica (doble valor). El informe se eleva y se vota, de manera que las partes reciben la decisión y, si lo consideran, pueden recurrir.
Los asuntos de Estado no se tocan
Aunque el Estatut lo contemple, el Jurat d’Expropació de Catalunya no puede meterse, por ahora, en los asuntos del Gobierno, a pesar de que se ha pedido, sin suerte, de manera reiterada. Las expropiaciones de Adif, por ejemplo, o las necesarias para una obra de reforma de una autopista catalana cuyo titular es el Ministerio de Transportes, se tienen que someter, cuando no hay acuerdo entre las partes, al arbitraje del Jurado Provincial de Expropiación, el organismo estatal que es un clon de la versión catalana. Tiene su sede en la Delegación del Gobierno, en la calle Mallorca. Del mismo modo que pasa con el jurado catalán, se rigen por la ley aprobada en 1954.
El organismo se creó bajo el amparo de la ley 6/1995, reformada 10 años después y musculada con un reglamento que entró en vigor en julio del 2009. Para entender su peculiar funcionamiento, la secretario general de Presidència, Eva Giménez, y el presidente del ente, Josep Ramon Fuentes, reciben a La Vanguardia en la sede del Eixample. También está presente la presidenta de la sección de Girona, Roser Martínez. Explican que el año pasado atendieron un total de 249 expedientes con valoraciones que superaron los 12,7 millones de euros.
En el caso de Barcelona destaca la reciente mediación en la expropiación de viviendas y comercios del edificio Venus de Sant Adrià del Besòs, que tiene previsto el derribo en el 2028. Algunos propietarios llegaron a pedir cuatro veces más de lo que los especialistas dictaminaron, una media de entre 90.000 y 100.000 euros por unidad. El perfil de los que no están de acuerdo, define Fuentes, está muy definido: “Los enfadados con los que es muy difícil debatir, los que sienten un inmenso apego por una finca o solar de la familia y los que de verdad han recibido una valoración baja”.
El año pasado desempataron 249 expedientes por valor de 12,7 millones de euros
El pleno del jurado se reunió el 25 de febrero tras 16 años sin juntarse. A partir de ahora se verán una vez al año. Se pusieron cara y se conjuraron para dejar de operar como compartimentos estancos. “Que exista el jurado es una garantía para los privados. Creo que es una institución casi romántica, bonita per se”, concluye Giménez.
