El concejal libertario Maximiliano Casasola fue denunciado por su expareja por lesiones agravadas tras propinarle una patada en las piernas, en una relación de 10 años marcada por violencia y acoso posterior. La Fiscalía de Violencia de Género investiga, mientras el Concejo Deliberante guarda silencio.
En un nuevo golpe a la dignidad de las mujeres salteñas, el concejal Maximiliano Casasola, electo por el partido La Libertad Avanza, enfrenta una grave denuncia penal por lesiones agravadas contra su expareja. ¡Es inaceptable! ¿Hasta cuándo permitiremos que representantes públicos, supuestos defensores de la libertad, ejerzan violencia en sus vidas privadas y queden impunes?
Esta no es solo una «discusión» como algunos querrán minimizarla: es un patrón de abuso que atenta contra los derechos fundamentales de las mujeres, y Salta no puede ni debe tolerarlo.
Según la denuncia presentada ante la Fiscalía Penal de Violencia Familiar y de Género N°1, la víctima relató un calvario de diez años de relación marcada por la violencia constante.
El episodio clave ocurrió el 20 de diciembre de 2025, cuando, en medio de una discusión en su domicilio en Barrio Castañares, Casasola le propinó una patada en las piernas, dejándola aterrorizada. Pero el horror no terminó allí: incluso después de separarse y mudarse al hogar de sus padres, el concejal continuó acosándola con mensajes por WhatsApp y visitas no deseadas.
¡Esto es hostigamiento puro y duro! La mujer, con valentía, solicitó una prohibición de acercamiento no solo para ella, sino para su familia, y pidió recuperar sus pertenencias personales, que quedaron en la casa compartida.
¿Y qué hace el Concejo Deliberante? Nada. Hasta ahora, no hay medidas institucionales ni imputaciones formales, solo una investigación en etapa inicial. Casasola, impulsado por la senadora Emilia Orozco, ocupa un cargo que debería servir al pueblo, no para encubrir abusos.
Esta denuncia no es aislada: remite al escándalo de julio de 2025, cuando el nuevamente concejal Pablo Emanuel López, del mismo bloque libertario, renunció tras audios repugnantes donde ofrecía reducir retenciones salariales a su expareja a cambio de favores sexuales.
López terminó imputado por lesiones, privación de la libertad y concusión, en una causa que abarca años de maltrato y aun así volvió a asumir el cargo de Concejal.
¡Dos casos en el mismo partido! ¿Coincidencia? No, es un desastre sistemático que expone la hipocresía de quienes predican libertad pero practican opresión.
Los salteños merecemos representantes que defiendan nuestros derechos, no que los violen. La violencia de género no es un «asunto privado»; es un crimen que socava la sociedad entera. ¡Exigimos justicia inmediata! Que Casasola sea investigado a fondo, que rinda cuentas ante la ley y ante el pueblo.
Concejales así, no pueden ni deben representar a los salteños. ¡Basta de impunidad en el poder!
