En su respetuosa carta de renuncia a la titularidad de la Inspección General de Justicia, Daniel Vítolo, tras ser echado, advirtió sobre las «estructuras de poder que durante demasiado tiempo parecieron habituadas a actuar al margen de los controles que rigen para el resto de las instituciones de la República», en alusión a la AFA de Chiqui Tapia. Y sabía a que se refería en este mensaje al nuevo ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, quien reconoció conocer a todos los dirigentes de la entidad madre del fútbol argentino.
Sucede que antes de dejar la IGJ, Vítolo descubrió otra jugada de esas «estructuras de poder». El presidente de la AFA Claudio “Chiqui” Tapia y su Tesorero, Pablo Toviggino, había intentado en el 2024 reformar el estado de la AFA para incluir tres representantes del gobierno de Turno. Era en momentos que el streaming Carnaval, en el que influiría Toviggino, no había difundido los audios editados del ex titular de la ANDIS Diego Spagnuolo contra Karina Milei y la relación con la AFA no estaba en un punto de tensión.
Los cambios del estatuto propuestos decían que el Comité Ejecutivo “estará formado por veintiséis integrantes titulares y once suplentes. Al menos uno de los integrantes del Comité Ejecutivo deberá ser una mujer”. En cuanto a los “titulares serán un Presidente, seis Vicepresidentes: cuatro que representen a los clubes de Primera División, uno que represente a 44 los clubes de la Primera «B» Nacional, la Primera «B» y la Primera «C» y uno que represente a los clubes del Interior”. El Comité Ejecutivo es el mismo órgano del club ayer se retiró River Plate por diferencias con la conducción de Tapia.
Además, el Comité Ejecutivo, decía la reforma, tendrá “tres integrantes del Poder Ejecutivo Nacional o Provincial o Legisladores (Diputados o Senadores) Nacionales, los que tendrán voz pero no voto”. En general, las asociaciones fin fines de lucro pueden nombrar a funcionarios como socios ad honoren pero no meterlos en su conducción. Y Vítolo vetó este artículo del estatuto de la AFA sin pensar en que se metía.
La política siempre tuvo vínculos con el fútbol. Pero Tapia en el 2023 había apoyado la candidatura presidencial del entonces ministro de Economía, Sergio Massa, luego de que firmó un decreto para darle beneficios a la AFA en cuanto al pago de las jubilaciones de sus empleados. Sin embargo, nunca con este nivel que quería Tapia.
Además, horas antes de presentar la renuncia, Vítolo dictó una resolución por la cual pidió formalmente al Ministerio de Justicia que se designen también veedores en la Superliga Profesional del Fútbol, una asociación civil vinculada a la AFA.
Hace una semana atrás había pedido a Justicia, Mariano Cúneo Libarona, que nombrara veedores en la AFA, pero el ministro de Justicia saliente y asesor legal de Racing Club no lo hizo con la excusa que no le había llegado formalmente el expediente.
Ahora el nuevo ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, prometió en declaraciones periodísticas nombrar los veedores en la AFA para analizar sus irregulares balances de los últimos años, pero nada dijo de la Superliga.
El brazo de la AFA recaudó un valor neto de 348 millones de dólares entre los años 2020 y 2024, por los contratos con Fsla Holdings LLC, Fox Networks Group y Turner Broadcassting Systema, distribuyendo las sumas recaudadas entre los clubes de fútbol de Primera A y Primera B según diversos niveles de participación.
La Superliga Argentina de Fútbol fue creada en 2016 como una entidad privada independiente de la AFA para organizar la Primera División (A y B), al principio y de Primera A exclusivamente después, buscando mayor profesionalismo y recursos, según anunció entonces Marcelo Tinelli, como representante de San Lorenzo.
Tras funcionar plenamente entre 2017 y 2020, los clubes y la AFA, que había ingresado como asociado honorario, resolvieron disolverla y reemplazarla por un órgano interno de la propia AFA al que denominaron la Liga Profesional de Fútbol (LPF), el cual tomó el control, y le sacó a la Superliga la organización de los torneos.
Sin embargo, “la disolución de la Superliga nunca se llevó a cabo realmente y esa asociación civil ha seguido funcionando, con diversas modificaciones de estatutos, hasta la fecha reflejando en sus balances movimientos económicos del orden de los 348 millones de dólares entre los años 2020 y 2024”, señaló la úlltima resolución de Vítolo.
La IGJ ya había solicitado días atrás al Ministerio de la designación de veedores en la AFA para obtener información respecto del balance 2025, sobre la creación de la denominada Universidad de la AFA “UNAFA”, y para investigar las relaciones económicas y financieras de esa institución con las firmas TourProdEnter, el Grupo Sur Finanzas, y diversas sociedades vinculadas y controladas por ellas. Se estima que TourProdEnter de Javier Faroni recaudó unos 400 millones de dólares en el exterior con la marca de la Selección Nacional.
La Superliga había sido intimada con fecha 17 de diciembre de 2025 por la autoridad de control —al igual que la AFA— para dar explicaciones respecto de sus estados contables, y fue citado a una audiencia su auditor al cual se le pidieron ciertas precisiones, las que “no fueron satisfactorias”. También se le cursó una nueva vista, la que en su respuesta tampoco satisfizo a la autoridad de contralor de la IGJ.
De las constancias existentes en el Organismo, y las explicaciones brindadas por la entidad y su auditor, se pudo advertir que —al día de hoy— “nos encontramos con un objeto que no coincide con lo que realmente surge como actividad en su Memoria y Balance, existiendo un posible conflicto de intereses toda vez que su Mesa Directiva está mayoritariamente ocupada por cargos en espejo con las autoridades de la AFA, lo que evidenciaría que las decisiones finales son tomadas desde el Comité Ejecutivo de AFA”. Esto lleva a otro conflicto, ya que el órgano de administración de la Superliga a fin de cuentas, “termina siendo electo por los asambleístas de AFA, en perjuicio de los clubes de Primera División, únicos asociados de la Superliga”, dice la resolución.
Todo parecería indicar que la entidad distribuye la casi totalidad de sus ingresos entre sus asociados, “no cumpliendo en forma directa ninguna función de interés público, como naturaleza esencial de lo que su tipo jurídico —asociación civil— le exige, sino que de hecho actúa como una mera gestora comercial de recaudación de fondos y administración de contratos por cuenta de terceros, percibiendo una retribución del dos por ciento (2%) por tal tarea con lo cual se constituye un denominado fondo de reserva”.
