El periodista guatemalteco José Rubén Zamora ha sido finalmente liberado luego de más de tres años de cárcel. Un juez ha cambiado la prisión preventiva por arresto domiciliario, para continuar un proceso penal, que de acuerdo con organizaciones civiles y al sistema interamericano de justicia, ha estado marcado por irregularidades y violaciones a su derecho a la debida defensa. Zamora, un reconocido periodista de investigación, se había especializado en destapar casos de corrupción y la imbricada relación entre política y crimen organizado en su país. Hoy arriesga hasta 40 años de prisión, convirtiéndose en una de las víctimas más visibles de la persecución a periodistas en América Latina.
Y a pesar de su gravedad, este no es un caso aislado en Guatemala o en la región, donde las y los periodistas se han transformado en uno de los grupos más expuestos a la persecución judicial, al hostigamiento público por parte de autoridades y a la violencia de organizaciones criminales. Según un informe de UNESCO y PROLEDI, entre 2018 y 2024, 913 periodistas han tenido que partir al exilio en América Latina, mientras el Barómetro de ataques de Reporteros sin Fronteras da cuenta de por lo menos 142 periodistas asesinados, y otros 51 desaparecidos en el ejercicio de su labor entre 2017 y 2025. Los países con los números más altos de asesinatos son México (79), Colombia (15), Honduras (13), Brasil y Haití (10 cada uno). Las periodistas son además víctimas de hostigamiento sexual y amedrentamiento constante en redes sociales y la esfera virtual.
La persecución de periodistas representa sin duda una vulneración grave a sus derechos humanos, pero tiene un impacto mucho más allá de ellos; se trata de ataques a la propia calidad de los sistemas democráticos, a la libertad de prensa y el derecho a la expresión. Así lo demuestra el último Informe sobre el Estado Global de la Democracia de IDEA Internacional, constatando que la libertad de prensa ha retrocedido en el mundo a su nivel más bajo desde 1975.
Con los retrocesos más drásticos en contextos de violencia extrema o regímenes autoritarios consolidados como Afganistán, Burkina Faso y Myanmar. Todos ellos con conflictos armados o la prevalencia de estados de excepción. Pero en otros casos, los ataques a la prensa vienen desde regímenes democráticos y toman formas que en principio pueden parecer inocuas, pero avanzan rápidamente. Así, la libertad de prensa en Corea del Sur pasó de un alto desempeño a uno medio en pocos años, producto del hostigamiento y cancelación de programas críticos, el auge de querellas por difamación, allanamientos a periodistas y la creación en 2024 de una fiscalía especial para perseguir casos de “difamación”.
Una situación similar se vive en EE UU, un país que había sido un referente en materia de libertades y que ha caído dos posiciones en el último año en el Índice Mundial de Libertad de Prensa de Reporteros sin Fronteras, producto del hostigamiento constante a la prensa por parte de autoridades políticas y policiales.
Por su parte América Latina y el Caribe ha retrocedido en el Índice de Libertad de Prensa de IDEA Internacional a niveles similares a 1990. Una evidente reducción del espacio cívico y deterioro democrático impulsados por los fenómenos combinados de alta polarización política, expansión de organizaciones criminales con tentáculos que permean la economía y la política, y el aumento de gobiernos autoritarios con rasgos iliberales, que no toleran el disenso, el escrutinio y se resisten a rendir cuentas de sus decisiones y por lo mismo, están disponibles para avalar o contribuir al silenciamiento de la prensa independiente. Los ataques a la prensa no provienen solo de gobiernos, sino también de organismos autónomos de seguridad y justicia, y desde el crimen organizado y actores involucrados en redes de corrupción.
Así, los medios de comunicación, que en todo el mundo batallan por su sobrevivencia frente al impacto de la inteligencia artificial, las redes sociales y nuevas formas de comunicación, en Latinoamérica enfrentan además contextos políticos y de seguridad inéditamente adversos.
Pero no todo es retroceso, existen esfuerzos por fortalecer la integridad del ecosistema mediático. IDEA Internacional da cuenta de países como Chile, que discute una ley para ampliar protecciones especiales a periodistas y sus familias frente a agresiones físicas y digitales, incluyendo la vigilancia ilegal. O Bangladesh, que derogó su Ley de Ciberseguridad en 2024 buscando un giro hacia un enfoque más garantista.
Estos esfuerzos deben ser apoyados por quienes buscan fortalecer la democracia. Proteger la libertad de prensa y el acceso a información requiere de los esfuerzos coordinados de instituciones de justicia, parlamentos, sociedad civil, la cooperación internacional, así como el mundo de las comunicaciones y el sector privado. Además de enfrentar la violencia y la persecución penal, se necesitan mecanismos eficaces de financiamiento de medios independientes y tradicionales que les permitan resistir y sobrevivir.
La libertad de prensa es una condición indispensable para que las libertades políticas de la democracia existan de manera efectiva. Defender la democracia en América Latina implica alzar la voz, pero para ello, debemos asegurar los espacios donde todas las voces pueden ser escuchadas.
