14 de Marzo de 2026 | 02:02
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Las sospechas sobre la presencia de Hezbolá en América Latina comenzaron a tomar forma a fines de la década del 2000, cuando agencias de seguridad estadounidenses detectaron contactos entre integrantes del grupo y redes del narcotráfico en la región. A partir de esas pistas se impulsaron investigaciones que analizaron el posible rol de estas estructuras en actividades como el tráfico de drogas y el lavado de dinero.
Si bien algunos operativos fueron interrumpidos en el marco de negociaciones diplomáticas internacionales, la información acumulada permitió identificar una red de vínculos con organizaciones criminales locales.
Entre los puntos señalados por analistas y autoridades se encuentra la Triple Frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay, considerada un área clave para el contrabando y las operaciones financieras ilegales. También se mencionan conexiones con grupos delictivos en Brasil, Colombia y Ecuador, así como movimientos en rutas del narcotráfico en México y actividades económicas sospechosas en zonas francas del norte de Chile.
Estas estructuras, según informes de seguridad, operan mediante células descentralizadas y alianzas con organizaciones locales, lo que dificulta determinar con precisión su alcance y cantidad de integrantes.
Las investigaciones atribuyen a estas redes participación en delitos como narcotráfico, minería clandestina, tráfico de armas y lavado de capitales. En los últimos años también se sumaron mecanismos de financiamiento vinculados al uso de criptomonedas y operaciones comerciales irregulares.
Especialistas sostienen que los recursos obtenidos en la región podrían representar una fuente relevante de financiamiento para el grupo.
Riesgos
El aumento de la tensión en Medio Oriente y los golpes militares sufridos por Hezbolá habrían impulsado el traslado de algunos de sus miembros hacia otras zonas del mundo, incluida América Latina. En ese contexto, Estados Unidos, Israel y varios gobiernos de la región advirtieron sobre el riesgo de ataques aislados o acciones violentas de menor escala.
Ante este escenario, países como Argentina reforzaron los sistemas de vigilancia y elevaron los niveles de alerta antiterrorista, con especial atención en sedes diplomáticas, instituciones judías, eventos masivos e infraestructuras estratégicas.
Para expertos en seguridad internacional, la posible articulación entre terrorismo y crimen organizado constituye uno de los principales desafíos para los países latinoamericanos.
La cooperación regional y el fortalecimiento de los sistemas de inteligencia aparecen como herramientas clave para prevenir amenazas y limitar la expansión de estas redes.
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