Manuel Adorni, Jefe de Gabinete, enfrenta una situación judicial y política complicada en marzo 2026 debido a denuncias por el uso de vuelos privados y oficiales (hacia Nueva York y Punta del Este) junto a su familia, pagados presuntamente con recursos públicos o sin justificación clara de fondos, incluyendo señalamientos por enriquecimiento ilícito.
La investigación judicial conocida como Causa Adorni dio un giro dramático hoy cuando la Justicia solicitó formalmente las facturas de los vuelos privados y oficiales que realizaron el Jefe de Gabinete y su familia. La medida, impulsada por la Procuración de Investigaciones Administrativas (PIA), busca determinar si existió una utilización indebida de recursos públicos o si el patrimonio del funcionario guarda relación con los elevados costos de estos traslados.
El foco de la investigación
El expediente se centra en dos eventos principales. El primero es el viaje a Nueva York, donde la esposa de Adorni, Bettina Angeletti, se trasladó en el avión presidencial durante la «Argentina Week». El segundo, un vuelo chárter privado con destino a Punta del Este, Uruguay, cuyo costo ascendería a varios miles de dólares.
La Justicia busca desmenuzar la situación patrimonial del funcionario para establecer con precisión quién efectuó los pagos. Aunque desde el entorno de Adorni aseguran que los gastos fueron costeados con fondos propios, los investigadores analizan si el incremento de sus deudas (que crecieron un 178% en un año) y sus activos declarados coinciden con este nivel de gasto.
Respaldo oficial y críticas
Ante el avance de la causa, el presidente Javier Milei cerró filas junto a su Jefe de Gabinete, calificando las acusaciones como una operación mediática y apelando al concepto de «costo marginal» para justificar el uso de las plazas vacantes en el avión oficial. Por su parte, Karina Milei manifestó su «apoyo total e incondicional» frente a lo que denominó «basura mediática».
Sin embargo, desde la oposición, el bloque de Unión por la Patria ya presentó un pedido de interpelación en el Congreso. La denuncia original, realizada por el abogado Gregorio Dalbón y la diputada Marcela Pagano, ha puesto a la administración libertaria en una posición defensiva, obligándola a transparentar cuentas que, hasta hace poco, se mantenían en el ámbito privado.
Un escenario judicial complejo
El juez federal Daniel Rafecas quedó a cargo de una de las denuncias, mientras la PIA recolecta pruebas sobre posibles irregularidades administrativas. La mirada crítica de la sociedad recae ahora sobre la coherencia entre el discurso de «austeridad de la casta» y los beneficios de los que gozan los altos mandos del Ejecutivo en el ejercicio de sus funciones.
El apoyo del Gabinete: «Cero pesos de costo»
En medio del avance judicial, el Canciller Pablo Quirno salió a respaldar públicamente a Adorni. A través de sus redes sociales, el titular del Palacio San Martín desestimó las acusaciones asegurando que la presencia de familiares en vuelos oficiales no genera gastos adicionales para el erario público.
«Todo mi apoyo a @madorni. La transparencia y la integridad son pilares de este equipo. El uso de plazas vacantes en comitivas oficiales tiene cero pesos de costo marginal para el Estado. Basta de operaciones mediáticas» , expresó Quirno en un mensaje que buscó blindar la figura del Jefe de Gabinete.
Este respaldo se suma al de Karina Milei, quien calificó las denuncias como «basura mediática», reforzando la postura del Gobierno de no ceder ante las presiones de la oposición.
