El 19 de febrero, días antes del final de las sesiones extraordinarias del Congreso, el Gobierno sorprendió enviando a Diputados un proyecto con cambios a la ley vigente de Financiamiento Universitario. Ley que establece la actualización de los salarios docentes universitarios, y que el Gobierno está incumpliendo. Lo que motiva el paro en curso por toda esta semana en el inicio de clases de las Universidades nacionales de todo el país.
Ese proyecto, se dijo, iba a ser tratado de manera prioritaria -si bien se avisó que pasaba para las ordinarias desde marzo- en el afán del Gobierno de hallar una salida a la judicialización de la ley. Es que en diciembre, un fallo de primera instancia del juez en lo Contencioso Administrativo Martín Cormick ordenó cumplir de inmediato con los fondos para las Universidades nacionales. Esa decisión está apelada.
La caída en desgracia de Santiago Caputo, que está siendo corrido por Karina Milei, impacta en la suerte del proyecto de cambios. El asesor fue el principal interlocutor de la Casa Rosada con la UBA y un sector de los rectores (son más de 50 las universidades nacionales) que promueven esta “solución intermedia”.
“Estamos en el peor escenario, con una ley (de Financiamiento) judicializada y que el Gobierno no va a aplicar”, es el argumento
“Este proyecto con todos sus problemas es lo único que nos puede hacer llegar medianamente a 2027, hasta que (Javier) Milei se vaya”, agregan.
El proyecto fue negociado en el verano por el influyente vicerrector de la UBA y ex diputado radical, Emiliano Yacobitti, con Santiago Caputo.
En esa trinchera afirman que tiene apoyo “de todos” los rectores del país, urgidos de dar solución al ahogo presupuestario. Por el Gobierno están en gestiones el ministro del Interior, Diego Santilli, y el subsecretario de Políticas Universitarias, el caputista Alejandro Alvarez.
Pero esta jugada que había arrancado por autopista parece ir ahora por camino vecinal mal mantenido.
Tiempos lentos
En Diputados la Comisión de Educación –que debería dar dictamen con la de Presupuesto- recién se conformará este miércoles. No se reuniría a tratar el tema este jueves, como se había hecho llegar a algunos rectores desde un despacho de Casa Rosada.
Se afirma que el titular de Diputados, Martín Menem, rechaza esa jugada del asesor Caputo, que no fue “cerrada” con el resto del Gobierno. Cerca de Menem dicen que hará lo que pida el Gobierno, pero reconocen que “reabrir el debate por las universidades es complicado”.
De hecho, Milei solo tuvo sinsabores con su ajuste a las universidades: cuando vetó la ley, en un hecho inédito tanto Diputados como el Senado la insistieron con dos tercios. Luego trató de derogarla pero se llevó otro golpazo el 18 de diciembre, cuando Diputados aprobó el Presupuesto 2026, pero volteó el famoso capítulo XI que derogaba las leyes de emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario.
Como Clarín dio cuenta hace dos emanas, el sector que está por un “acuerdo intermedio” dice que ahora cambió la relación de fuerzas con la nueva conformación del Congreso (tras los comicios del 26 de octubre favorables a La Libertad Avanza) y teme que el oficialismo pueda juntar los votos para una derogación. O asusta con esa posibilidad.
Aún si llegara a dictaminarse el proyecto, después se deberían juntar los votos para el recinto.
No obstante, aun el Consejo Superior de la UBA ha ratificado su demanda de cumplimiento de la ley vigente, y ha declarado la emergencia de los hospitales universitarios. Y la posición institucional del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que preside el rector de la Universidad Nacional de La Pampa, Oscar Alpa, también es a favor de la ley vigente y su cumplimiento.
Un sector de los rectores más afin al peronismo rechaza este “proyecto intermedio” y niegan que tenga apoyo masivo: implica “olvidar” la actualización salarial de todo 2024. Se recompone un 12,3% de los salarios docentes y no docentes de lo licuado en 2025. Pero nada dice de entre 25 y 32 puntos perdidos en 2024. Los rectores peronistas se reunieron la semana con el jefe del bloque de diputados de Unión por la Patria, Germán Martínez. Hubo foto, cerrando filas. Allí circuló un estudio de la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN), que dice que en dos años y dos meses los salarios universitarios pierden 34% desde noviembre de 2023.
La solución “pragmática” con cambios en el Congreso sea acaso difícil de explicar en el mundo universitario, donde los docentes tienen su ley y quieren cobrar lo que se les debe. Los gremios docentes más combativos empujan incluso un paro por tiempo indeterminado. “Abajo está todo prendido fuego”, dicen en la oposición.
