El patentamiento, en cualquiera de los órdenes posibles -científicos, tecnológicos, médicos, intelectuales- suele ser fuente de conflictividad y negociaciones con la política y, en ocasiones de la Historia, ha sido, y seguirá siendo, motivo de presión para los gobiernos y de fricciones entre el sector privado y el público.
Es emblemático en la Argentina de la segunda mitad del siglo XX, el caso del radical Arturo Illia, presidente de la República entre 1963 y 1966, expulsado de la Casa Rosada por el golpe militar del dictador Onganía, que inició la dictadura de la Revolución Argentina.
Algunos investigadores, historiadores y políticos asocian este pronunciamiento a la sanción de la Ley 16.463, promulgada el 9 de agosto de 1964, conocida como “ley de Patentes Medicinales”, que establecería en el sector la regulación de precios, que congelaba con retroactividad al año anterior; el control de calidad; la limitación de regalías y utilidades de todo orden de los laboratorios; y una fuerte observancia de la ética publicitaria y de los fondos empleados en la promoción y venta de los productos de la industria, que deberían recetarse por su denominación genéricos y no sólo por la marca comercial.
La ley, de acuerdo a promotores de entonces, procuraba poner orden, control y cierta planificación del Estado en un territorio virgen, en el cual abundaban las irregularidades y excesos en el apetito del lucro, sin considerar beneficios sociales.
Su raíz puede rastrearse en la mirada de Illia, médico de profesión, político de vocación, quien consideraba la salud como un “bien social”, concepto que puso en práctica con la gestión de su ministro del área, Arturo Oñativia, de allí que se etiquetara la norma como “ley Oñativia”, que se articulaba con la Ley 16.462, de abastecimiento de drogas y productos utilizados para la salud. En su libro “Los presidentes argentinos”, el historiador Fernando Sabsay sostuvo que “ambos proyectos fueron fuertemente criticados por las cámaras farmacéuticas y diferentes laboratorios.”
Elegido con apenas 25,15% de los votos, con un peronismo proscripto, su enemigo en la interna del radicalismo (el intransigente Arturo Frondizi) preso en Martín García y una crítica mediática que asoció su gestión a la lentitud de las tortugas, Illia desmentiría esa fama con esta norma clave para la salud, más la anulación de los contratos petroleros de Frondizi, que abrían el paso a la explotación extrajera, y la cancelación del regreso de Perón al país, a quien mandaría de vuelta de Río de Janeiro a Madrid, el 2 de diciembre de 1964.
DS
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