En medio de la creciente tensión por las intervenciones en el Parque Caraguatá, el juez Civil y Comercial N°21 de Resistencia, Julián Flores, adelantó que la resolución judicial podría conocerse en los próximos días, aunque advirtió que todavía resta producir prueba clave en el expediente.
«Hay una prueba informativa que hay que producirse en el expediente… vamos a tratar de resolver la cuestión para la semana que viene, sino para la próxima«, sostuvo el magistrado al finalizar la audiencia realizada este jueves en el predio.
Falta de informes y puntos sin definir
Uno de los aspectos centrales que dejó la audiencia es que el municipio aún no presentó el informe de impacto ambiental, un elemento clave para evaluar la legalidad de las intervenciones.»Todavía no presentó», respondió Flores ante la consulta directa sobre ese documento.
El juez explicó que la resolución se basará en el análisis integral de las pruebas aportadas tanto por las organizaciones ambientales como por el municipio. «Se van a tener en cuenta las pruebas que presentaron las ONG, las partes amparistas y también la prueba que presentó el municipio», indicó.
El estado del predio, bajo la lupa
Sin adelantar opinión de fondo, el magistrado confirmó que realizó una observación del lugar, aunque evitó profundizar: «Vi el terreno, no puedo decir más porque estaría prejuzgando». Sin embargo, sí describió situaciones que podrían ser relevantes en la causa: presencia de chatarra, vehículos abandonados, maquinaria y hasta animales en estado de abandono.
«Se pueden ver tractores, autos abandonados… también hay animales, por lo menos he visto un caballo en estado de abandono», señaló.
La responsabilidad del municipio
En sus declaraciones, Flores también deslizó un punto clave del conflicto: la responsabilidad del municipio sobre el predio.
«La municipalidad tiene la obligación de limpiar ese predio y conservarlo como parque natural», afirmó, en referencia a la normativa vigente. En ese sentido, diferenció entre tareas de saneamiento —como retiro de residuos y chatarra— y posibles intervenciones sobre la vegetación, que forman parte del debate central del caso.
El juez también marcó que la provincia ya no tiene un rol activo en la controversia.»La provincia ya cedió el terreno al municipio, eso es de público conocimiento… en este punto creo que ya no tiene más nada que ver», sostuvo.
Flores remarcó que la situación no puede extenderse en el tiempo por el impacto que genera en todas las partes involucradas. «No amerita que esté en esta situación de incertidumbre para todos», expresó.
La causa, que enfrenta al municipio con organizaciones ambientalistas y vecinos, gira en torno a las intervenciones realizadas en el predio y su eventual encuadre dentro de la normativa ambiental y urbana vigente.
