Diego Carbone otra vez coordinó el traslado de Cristina Kirchner a Comodoro Py para declarar en la causa «Cuadernos». Pese a las declamaciones de la administración libertaria, el comisario mayor sigue coordinando la división de la Policía Federal que protege a los ex presidentes. Sí el Gobierno cavila otros cambios: una modificación en la normativa que regula «los cuerpos de custodia», es decir, aquellos que velan también por la seguridad de los actuales funcionarios del Ejecutivo pero también de los magistrados de distintos fueros de la Justicia.
En el ministerio de Seguridad, que conduce Alejandra Monteoliva, estudian esos cambios no sólo para reducir las dotaciones que, a todas luces, estarían sobredimensionadas sino para hacerlas más eficientes y «enmarcadas en niveles de riesgo».
La puesta en marcha del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) absorbió casi el 80% de las competencias de la Policía Federal que sí tiene bajo su paraguas la seguridad de los funcionarios políticos y judiciales.
Al principio de esta administración, el resguardo de la integridad de los ex presidentes estaba regida por Casa Militar, que depende de Secretaría General de la Presidencia, y que incluso costeaba ese servicio. En ese momento funcionarios cercanos a Karina Milei se quejaban de la alta dotación que protegía a Cristina Kirchner, unos 120 efectivos con puestos fijos en Santa Cruz, Mauricio Macri, con 30 y Alberto Fernández, con 3. Zulemita Menem también cuenta con protección de la Policía Federal como hija de un ex mandatario.
Con el paso de los meses, en Seguridad adujeron que la escolta a la ex Vice se redujo. Ahora en esa dependencia aseguran que la escolta de «Macri es la más numerosa«. Pero cerca del ex mandatario azuzaron que «tiene un grupo reducido desde hace años. Son números, que digan cuántos efectivos tiene cada uno. Es fácil». Sí sigue teniendo custodia su ex mujer, Juliana Awada, por la hija en común que ambos comparten, Antonia.
Como sea, en la cartera que supo conducir Patricia Bullrich pretenden no sólo cambiar la estructura del servicio sino hacerlo más profesional, al estilo del Servicio Secreto de los Estados Unidos. Otra vez, como ocurrió con el DFI que se inspiró en el FBI, los funcionarios de Javier Milei miran hacia el Norte.
También en Seguridad buscarían que haya nodos territoriales para la seguridad del Presidente y así evitar los costos del traslados tal como ocurre cuando Milei visita alguna provincia.
No es la primera vez que el Ejecutivo intenta modificar el régimen de custodia a los funcionarios. En el caso de los ex mandatarios, hoy no preocuparía la cantidad de efectivos destinados a esa tarea pero sí lo que ocurre con los agentes que deben proteger a los jueces en turnos rotativos incluso en sus domicilios. Por eso se buscaría determinar el «nivel de riesgo» para decidir si el magistrado necesita o no de esa escolta.
La única controversia que aún no tiene solución es la presunta incompatibilidad de Carbone de continuar al frente del frente del Centro estratégico de control operacional y custodia de ex mandatarios de la Policía Federal.
También hay fuentes de la Policía Federal que advierten sobre una supuesta incompatibilidad en las funciones del comisario mayor -que también administra la custodia de Macri, por caso- con el control del cumplimiento de la pena de Cristina por la denominada causa Vialidad.
Para el Gobierno, según fuentes oficiales, la ley de Ejecución penal 24.660 es clara al prohibir la custodia de reos por parte de las fuerzas policiales y asignar ese rol al Servicio Penitenciario Federal que, en este caso y a través de la colocación de una tobillera electrónica, controla los movimientos de la ex presidenta a través de un centro de monitoreo en el que también intervienen técnicos de la fuerza a cargo del comisario general Luis Alejandro Rolle.
