El 24 de marzo se perfila como una jornada de alta tensión política tras conocerse que el Gobierno nacional prepara una serie de contenidos digitales destinados a instalar un mensaje de «clausura y reconciliación». Según trascendió, la estrategia oficial consiste en la difusión de piezas audiovisuales que muestran diálogos entre hijos de militares e hijos de militantes, una iniciativa que busca desplazar el eje de la Memoria, Verdad y Justicia hacia una postura que sus detractores califican de negacionista.
La estrategia del «diálogo posible»
La intervención, coordinada desde los equipos de comunicación de Presidencia, retomaría la lógica de años anteriores pero con un giro hacia la idea de «avanzar hacia el futuro». En esta oportunidad, se espera la difusión de dos videos centrales que, lejos de condenar el quiebre institucional de 1976, intentarán equiparar las vivencias de las víctimas del terrorismo de Estado con las de los familiares de militares, pregonando una suerte de concordia basada en el olvido.
Esta línea comunicacional no es nueva: en 2024 ya se habían incluido testimonios que buscaban catalogar el accionar de las organizaciones guerrilleras como crímenes de lesa humanidad, mientras que en 2025 la narrativa fue delegada en figuras de sectores ultraconservadores. Para este aniversario redondo, el Gobierno apuesta a una estética coral para suavizar un mensaje que, en el fondo, cuestiona los consensos democráticos construidos desde 1983.
Crisis en la Subsecretaría de Derechos Humanos
El clima interno en el Ministerio de Justicia añade otra capa de complejidad a este 24 de marzo. El ministro Juan Bautista Mahiques enfrenta dificultades para encontrar un reemplazo para el actual subsecretario de Derechos Humanos, Joaquín Mogaburu. Las fuentes oficiales indican que la vacante se ha vuelto difícil de llenar debido al costo político de gestionar un área que ha sido desjerarquizada y que sostiene posturas abiertamente críticas hacia los organismos de derechos humanos tradicionales.
A pesar de los intentos de la administración de Javier Milei por «clausurar» este capítulo de la historia, las cifras de la Justicia argentina son contundentes: desde 2006 se han dictado más de 1.200 condenas por crímenes de lesa humanidad y actualmente hay doce procesos orales en curso.
Una respuesta masiva en las calles
Frente a las provocaciones del relato oficial, se espera que las marchas hacia Plaza de Mayo y otros puntos del país sean multitudinarias. Las organizaciones de derechos humanos, sindicatos y movimientos sociales han convocado bajo la consigna histórica de «Nunca Más», reafirmando que la memoria no puede ser objeto de decretos ni de videos de campaña.
Mientras la Casa Rosada busca imponer una «reconciliación» por decreto, la sociedad civil se prepara para responder con una movilización que promete marcar un hito a medio siglo del inicio de la dictadura más sangrienta de la Argentina.
