Aunque casi todos los países de la región firmaron acuerdos que prometen proteger la libertad de prensa, la realidad muestra otra cosa: criminalización, hostigamiento y marcos legales ambiguos que terminan funcionando como mordazas modernas.
Hablar de libertad de expresión en América Latina es hablar de una promesa y una fractura compartida. En los papeles, la región luce relativamente homogénea ya que casi todos los países están dentro del bloque interamericano, suscribieron la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y tienen constituciones que reconocen la prohibición de la censura previa y el derecho a buscar y difundir información. Sin embargo, cuando se pone la lupa sobre el terreno, las diferencias entre lo normativo y lo real se amplifican.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, a través de fallos emblemáticos como Herrera Ulloa vs. Costa Rica, consolidó la regla que debería ordenar el sistema: proteger la crítica, facilitar mecanismos de rectificación y evitar la criminalización de la palabra. Pero la región avanza, en muchos casos, en dirección contraria.
▶ Explorar el mapa regulatorio
La mayoría de los países latinoamericanos mantienen en sus Códigos Penales los delitos de injuria, calumnia o difamación, aun cuando la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la OEA y los relatores de la ONU recomiendan limitar los conflictos reputacionales al fuero civil. Allí aparece el primer contraste, que reside en mantener leyes que siguen tipificando delitos de opinión ensociedades donde ser periodista implica, en muchos casos,un riesgo físico y judicial.
La tendencia se profundiza con la creciente ola de proyectos para combatir la desinformación. Lo que debería ser una conversación sobre transparencia, alfabetización mediática y responsabilidad de las plataformas, se transforma en varios países en intentos punitivos, con tipos penales amplios y vagos que permiten castigar cualquier contenido “incómodo”.
El caso de Nicaragua, Venezuela y Cuba: la ley como censura
En Nicaragua y Venezuela existe un contraste entre lo que se firma en foros internacionales y lo que efectivamente sucede en la realidad. La polémica Ley Especial de Ciberdelitos nicaragüense criminaliza la difusión de “información falsa” y ha sido utilizada para perseguir periodistas, activistas y opositores. Por otro lado, en Venezuela la Ley contra el Odio (2017) establece penas severas por discursos definidos como ambiguos y funciona como una herramienta para silenciar voces críticas, incluso en redes sociales.
En ambos casos, la difamación penal no sólo continúa existiendo, sino que se combina con la fuerza del aparato estatal que usa la ley como filtro para decidir qué voces pueden “decir lo que piensan”. El resultado es un sistema operado por el miedo y disfrazado con una norma.
Por último, se encuentra Cuba, un país donde el Estado controla tanto la prensa como la variedad de voces y opiniones que existen, por lo tanto se trata de otro desafío institucional enorme que se mantiene desde hace varias décadas.
Cuando el contexto intimida: el caso de Honduras, El Salvador, Bolivia y Guatemala
Honduras, El Salvador, Bolivia y Guatemala comparten un patrón definido de constituciones que reconocen la libertad de expresión, pero un contexto político y judicial que no garantiza un pleno ejercicio de la misma.
En Honduras, incluso se han documentado restricciones al uso del idioma materno por personas privadas de libertad, un recordatorio de que la expresión también es identidad. En Guatemala y Bolivia, la violencia, la intimidación y la falta de independencia judicial tensionan el ejercicio periodístico día a día.
Colombia ocupa un punto crítico de esta categoría. Aunque su Constitución es una de las más robustas de la región y la acción de tutela es un mecanismo eficaz para rectificar información, el país arrastra un nivel alarmante de violencia contra periodistas y un sistema penal donde injuria y calumnia aún pueden terminar en condenas. Más de la mitad de sus proyectos legislativos analizados tienen tendencia restrictiva.
Países con buenas leyes, pero con riesgos a la libertad
Chile, Perú, Argentina y Ecuador se encuentran en un punto intermedio debido a que poseen marcos normativos modernos y han avanzado en acceso a la información y derogar figuras de desacato, pero conviven con señales preocupantes.
En Argentina, la reforma de 2009 alivió la carga penal para expresiones de interés público, pero hubo ejemplos de intentos de control de la información como el Observatorio NODIO en 2020 (el Observatorio de la Desinformación y Violencia simbólica en Medios y Plataformas Digitales) y el Decreto 780/2024 del presidente Javier Milei que encendieron debates sobre vigilancia y autocensura.
La norma introducida por el mandatario argentino puso un cambio clave (y polémico) sobre la mesa en el sistema de acceso a la información pública ya que obliga a que cada solicitante verifique su identidad antes de hacer cualquier pedido. Esto significa que periodistas, ciudadanos y exfuncionarios deben quedar registrados en un sistema estatal antes de acceder a datos que, por definición, deberían ser públicos.
El Gobierno justificó la medida como una forma de evitar “pedidos molestos” o una supuesta saturación administrativa, pero los propios números oficiales muestran que no hubo un incremento significativo en las solicitudes.
En Perú la figura penal de difamación se ha reforzado con agravantes vinculadas al uso de tecnología e IA, un retroceso frente a la tendencia regional. Chile, pese a tener una Ley de Prensa garantista, discute proyectos que permitirían eliminar contenidos en plataformas bajo criterios vagos. Ecuador, tras la reforma de la LOC, alterna avances en acceso a la información con iniciativas preocupantes sobre “actos de odio” o “uso responsable” de redes.
Argentina: cuidar la libertad de expresión
Andrés D’Alessandro, director ejecutivo de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) explicó que Argentina mantiene estándares acordes a la jurisprudencia de la Corte Interamericana, salvo en el aspecto del acceso a la información pública. “Argentina tiene una ley vigente desde 2016: la ley de acceso a la información pública, pero este gobierno en particular la ha ido limitando en su accionar”, comentó el director ejecutivo.
“El respeto al acceso a la información es uno de los derechos de los ciudadanos y la información en poder del Estado no es del Estado, sino de los ciudadanos. Sin embargo, se ha ido limitando el poder de esa ley a través de las respuestas o la falta de ellas por parte del Poder Ejecutivo, lo cual considero un retroceso”, remarca.
La institución realiza una evaluación del estado de la libertad de prensa en Argentina de forma semestral con sus informes. “Claramente siempre hay tensión por el ejercicio profesional del periodismo y el Estado, el gobierno en particular; pero también el resto de los poderes del Estado, porque una de las tareas básicas del periodismo tiene que ver con la investigación, con el derecho a la crítica”, comentó D’Alessandro, y agregó que es una actividad que debería realizarse en un clima de concordia y respeto.
Y agrega: “Toda apelación al odio contra el periodismo, la utilización de las redes sociales para viralizar ese tipo de contenidos que es replicado también por sectores militantes, también transgrede por supuesto las normas legales y los principios básicos de la convivencia democrática, lo cual al mismo tiempo puede habilitar indirectamente la violencia física”.
“Hoy en día ADEPA siempre está marcando aquellos deslices que tienen que ver con todo esto, pero al mismo tiempo tomando la situación de la libertad de prensa desde una visión más amplia respecto de cómo se puede ejercer el rol de los medios en momentos donde se hace muy difícil la sustentabilidad de la industria”, aclara. Esta última cuestión se relaciona con la tarea del Estado por comprometerse a que las condiciones en las cuales se ejerce el periodismo y en las cuales desarrollan su trabajo los medios sean óptimas.
México, el país que “más aparenta”
De acuerdo con sus regulaciones internas, México despenalizó la difamación a nivel federal, aprobó una Ley de Réplica clara y fortaleció el acceso a la información. Sin embargo, el periodista Raúl Cortés Fernández de la agencia Reuters expuso que el día a día de los periodistas en el país es diametralmente opuesto a las leyes que deberían garantizar la seguridad de la libertad de expresión y de prensa.
“México es el país más violento y mortífero para ejercer el periodismo por la corrupción, el narcotráfico, los ataques de los presidentes y el rol de las redes sociales”, señaló. Además, estableció que México “es la dictadura perfecta, porque aparentan ser muy libres, pero la realidad es muy distinta”.
México es una república federal, lo que significa que está conformada por 32 estados. Uno de ellos es la capital, Ciudad de México, donde se rige todo a nivel federal y a su vez cada estado puede tener sus propias leyes, pero todo esto está subordinado por la Constitución de 1917, la ley suprema del país.
En el Artículo 6 y 7 se habla sobre la protección de la libertad de prensa. “El artículo 6 es el que garantiza la libertad de expresión, acceso a la información pública y protección de datos personales y el artículo 7 protege la libertad de difundir opiniones, información e ideas a través de cualquier medio sin censura previa”, cuenta Brenda Sánchez, estudiante de Periodismo de la Universidad de Guadalajara, interesada en la temática.
A su vez, la joven cuenta que en su país existió el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), organismo que garantizaba que la gente tuviera acceso a la información pública. En marzo de 2025 se disolvió y se formó el órgano Transparencia para el Pueblo.
“En el RSF, que es el ranking mundial de libertad de prensa, México se encuentra en el lugar 121 de 180 países y está catalogado como situación difícil”, detalla la estudiante. Sánchez explica que esto se debe a que muchos periodistas son silenciados y sufren diversos ataques de violencia en lo cotidiano.
Entre enero y julio de 2025 al menos 13 periodistas fueron asesinados en América Latina, superando ya los nueve casos registrados en todo 2024. De esos trece homicidios, ocho ocurrieron en México, lo que sitúa al país como el lugar más peligroso para ejercer el periodismo en la región: concentra más del 60 % de los casos vinculados a la actividad profesional de la prensa.
El marco legal más robusto: Brasil y Uruguay
Brasil y Uruguay aparecen como ejemplos de marcos protectores, aunque no exentos de fallas. Uruguay se destaca por una tradición garantista y debates públicos que suelen alinearse con el estándar de la “real malicia”.
Brasil cuenta con uno de los marcos más avanzados de la región para servicios digitales, como el Marco Civil de Internet, y una ley específica del derecho de respuesta. Sin embargo, todavía existe un debate profundo sobre el PL 2630, conocido como la “Ley de las Fake News”, un proyecto que busca regular a las plataformas digitales mediante obligaciones de transparencia, reglas para moderar contenidos, trazabilidad de mensajes y controles sobre la publicidad política.
Si bien la normativa apunta a combatir la desinformación y mejorar la seguridad en línea, la misma genera fuerte controversia porque algunas de sus versiones podrían otorgar al Estado y a las plataformas un poder excesivo para decidir qué contenidos deben ser retirados, abriendo la puerta a la censura, la vigilancia y restricciones desproporcionadas a la libertad de expresión. Por eso, organismos internacionales y organizaciones civiles insisten en que cualquier regulación debe ajustarse a estándares democráticos de legalidad, necesidad y proporcionalidad.
¿Qué muestra realmente el Índice Chapultepec?
Según este barómetro continental, América Latina cayó a su nivel más bajo de libertad de prensa. Los países más restrictivos se ubican en el norte del ranking (Nicaragua, Venezuela, Cuba), pero la tendencia general es lo verdaderamente preocupante: el 71% de las leyes analizadas en la región limitan la circulación del discurso, y cada vez más proyectos buscan regular internet sin considerar el test de la legalidad, necesidad y proporcionalidad que exige la jurisprudencia interamericana.
Si algo queda claro en este recorrido es que en América Latina la censura rara vez se presenta como tal. A veces toma la forma de delitos de opinión, otras de amenazas, procesos judiciales interminables, concentración mediática, presiones económicas o miedo. Actualmente, la autocensura opera como la mordaza más silenciosa.
El desafío regional no pasa solo por reformar leyes, sino por garantizar condiciones materiales y políticas para que la libertad de expresión sea un derecho real más que una cláusula de decoración.
Nota producida por Paz Fernández, Ana Paula Bressi y Sofía Diez
