Gilbert Infante, candidato a la Cámara de Diputados del Perú, fue asesinado a ladrillazos a la salida de una actividad en el distrito de Chorrillos, en Lima. La noticia fue confirmada por el postulante presidencial de Fe en el Perú -su partido-, Álvaro Paz de la Barra.
Tras el ataque, el hombre fue llevado con vida a dos centros de salud, pero no pudieron salvarlo. De la Barra dijo al medio RPP que el candidato fue atacado “a ladrillazos” durante la noche del martes “para dejarlo moribundo”.
Agregó que, en respuesta a su propuesta de darles cadena perpetua a ciertos criminales para que puedan “sufrir en vida”, Infante solía recibir mensajes que le decían: “Ahora tú vas a sufrir en vida”.
El político asesinado era parte del equipo técnico-legal del político que se encargaría de su plan de pacificación del país en 100 días.
No es la primera vez que un miembro de Fe en el Perú recibe una amenaza, confirmó De la Barra. «Francamente nos están dejando solos», denunció el aspirante presidencial, y afirmó que todos los que participan en la mencionada planificación están sufriendo mensajes intimidatorios.
«La política ya se está enlutando y ojalá que no le pase a otros partidos políticos», dijo, y sostuvo que si no se hace algo «la política se va a ver ensangrentada contra candidatos que tienen una política férrea contra la criminalidad».
Antecedentes recientes
En los últimos tiempos, los asaltos a políticos peruanos son moneda corriente en el país americano. A fines de 2025, el precandidato presidencial por el partido Libertad Popular, Rafael Belaunde Llosa, fue atacado a balazos mientras se desplazaba en su camioneta particular.
El hecho volvió a encender las alarmas sobre la seguridad de los dirigentes políticos en el país. El atentado, ocurrido en plena vía pública, dejó en evidencia la creciente exposición de las figuras públicas a episodios de violencia.
El episodio se produjo en un contexto de fuerte tensión política y social, marcado por denuncias de amenazas y un aumento de hechos delictivos que involucran a actores vinculados a la vida institucional. Aunque Belaunde Llosa logró sobrevivir, el ataque generó una fuerte repercusión y motivó pedidos de mayor protección para candidatos y funcionarios.
Un mes antes, la violencia ya había tenido consecuencias fatales. El alcalde de Coviriali, Iroshi Erik Ureta Campos, murió tras recibir dos disparos cuando se dirigía a trabajar a la Municipalidad, en un crimen que conmocionó a la comunidad local y al escenario político en general.
Ambos casos, separados por pocas semanas, reflejan un patrón preocupante y reavivan el debate sobre la seguridad de quienes ocupan cargos públicos o aspiran a ellos, en un clima donde la violencia parece haber escalado en intensidad y frecuencia.
