Una votación en la Organización de las Naciones Unidas volvió a poner a la Argentina en el centro de la escena internacional. El país decidió no acompañar una resolución que define a la esclavitud y la trata transatlántica de africanos como el crimen de lesa humanidad más grave de la historia.
El texto fue aprobado con un respaldo contundente: 123 países votaron a favor, mientras que solo tres lo hicieron en contra —entre ellos Argentina, junto a Estados Unidos e Israel— y otras 52 delegaciones se abstuvieron.
Un debate global sobre memoria y racismo
La resolución fue impulsada por un bloque de países de África, el Caribe y América Latina, y se trató en el marco de una agenda internacional que busca revisar el impacto histórico de la esclavitud y sus consecuencias actuales.
El documento plantea que la trata de africanos esclavizados no solo constituyó un sistema de explotación masiva, sino también un modelo que instaló jerarquías raciales y estructuras económicas que aún persisten.
Según el texto aprobado, ese proceso —que se extendió durante más de cuatro siglos— implicó la deshumanización de millones de personas, convertidas en propiedad legal dentro de un sistema sostenido por normas y prácticas institucionalizadas.
Uno de los ejes centrales de la iniciativa es la responsabilidad de los Estados frente a ese pasado. En ese sentido, se afirma que los crímenes vinculados a la esclavitud no deben considerarse prescriptos y se promueve la implementación de políticas de reparación.
Entre las medidas sugeridas se incluyen disculpas oficiales, compensaciones, restitución de bienes culturales y acciones concretas para combatir el racismo estructural. Además, el texto pone el foco en la educación y la preservación de la memoria histórica como herramientas clave para evitar la repetición de estas prácticas.
El voto argentino y las lecturas políticas
El posicionamiento de Argentina generó repercusiones, ya que se trató de una iniciativa con amplio respaldo internacional y fuerte carga simbólica.
La decisión se conoció en el marco de la representación diplomática encabezada por el canciller Pablo Quirno, aunque hasta el momento no se difundieron detalles oficiales sobre los fundamentos del voto.
En términos políticos, el resultado dejó a la Argentina alineada con una postura minoritaria dentro de la Asamblea General, en una discusión atravesada por cuestiones históricas, jurídicas y geopolíticas.
La votación coincidió con el aniversario de la Declaración de Durban contra el racismo y se inscribe en el Segundo Decenio Internacional de los Afrodescendientes (2025-2034), impulsado por la ONU para promover políticas de inclusión, reconocimiento y justicia.
