En menos de una semana, un casamiento “de película” en Cafayate pasó del feed de Instagram a la agenda pública. Con el paisaje rojizo de la Quebrada de las Conchas como escenario, los novios celebraron una boda de alto impacto visual y se abrió, de inmediato, una causa penal por presunta falsificación de documento y violación de normas ambientales. En el centro de esa trama aparece la organizadora, que habló y defendió el evento cuando ya había una denuncia formal de la Municipalidad y una intervención del Ministerio Público Fiscal.
Su primera línea de defensa fue el encuadre familiar. En redes, Lucía Grajales Soriano -que se presentó como responsable y vinculada al lugar- afirmó que se trató de una boda privada en una propiedad de la zona. El mensaje buscó correr el foco del expediente ambiental hacia la idea de reunión íntima, aunque sin aportar, al menos públicamente, documentación oficial que acreditara permisos y evaluaciones exigidas para cualquier actividad en área protegida.
El relato de la organizadora convive con otros datos verificados del propio evento. La noche incluyó montaje técnico, luces y DJ, además de una lista de aproximadamente 110 invitados, entre quienes —siempre según su versión— hubo “abogados y un juez de la Corte Suprema”, un detalle que terminó de amplificar la controversia. La cifra de asistentes, la escala de la producción y el carácter de la locación se convirtieron en insumos clave para el expediente que ya revisa la Fiscalía Penal de Cafayate.
En paralelo a ese descargo, la Provincia de Salta unificó postura: el “permiso” que circularon como habilitación no fue emitido por la autoridad competente. El secretario de Ambiente, Alejandro Aldazábal, fue más allá y describió por qué considera apócrifo el papel: “no tiene membretes, no tiene número de expediente, no tiene resolución”, y la firma que aparece “sería una foto pegada”. Con esos elementos, se radicó una denuncia penal y se anticipó la posibilidad de sanciones ejemplificadoras. La organizadora, hasta ahora, no mostró un documento oficial que refute de manera técnica esas observaciones.
La cronología ayuda a entender por qué sus explicaciones públicas no cerraron el debate. La boda se realizó el lunes 23 de marzo, en el paraje La Punilla, y las imágenes circularon entre martes y miércoles. El jueves 26, el municipio de Cafayate comunicó que acudía a la Justicia por un evento en área protegida —amparado por la Ley Provincial 6806— y por la presunta falsedad de la autorización; el viernes 27, la fiscal Sandra Rojas abrió investigación penal y la Unidad Contravencional comenzó a evaluar infracciones administrativas. Ese mismo día, Ambiente ratificó que el permiso mostrado no era válido. En ese contexto, el descargo de la organizadora quedó desacompasado con la velocidad de la causa.
Hay, además, un capítulo técnico-ambiental que la defensa no terminó de atender: las luces y el sonido en el corazón de la Quebrada y la instalación de infraestructura —mesas, barras, sectores ambientados— pueden alterar la fauna y acelerar procesos de erosión en un entorno que se preserva justamente por su fragilidad geológica. Esa advertencia fue parte de los comunicados oficiales y aparece, ahora, como criterio para medir el eventual daño y dimensionar futuras sanciones.
