El IUPA tiene una historia corta como universidad —fue reconocido como tal en 2015— y este lunes escribió una de sus páginas más importantes. Desde la madrugada, la comunidad universitaria se organizó para resistir lo que desde los gremios Adiupa y Sitraiupa y desde el movimiento estudiantil venían denunciando hace semanas: un proceso electoral plagado de irregularidades que el sector oficialista de Blanes pretendía coronar con la conformación del Consejo Superior y la reconfirmación del rector normalizador como rector electo.
Los antecedentes: fraude denunciado desde las urnas
El 15 y 16 de marzo se realizaron las elecciones para conformar el primer Consejo Superior del IUPA. Desde el primer momento, las listas opositoras cuestionaron el proceso. Las agrupaciones opositoras impugnaron el resultado al sostener que se incorporó fuera de término un padrón de estudiantes vinculados a programas de extensión, lo que habría alterado el resultado, entre otras irregularidades.
La denuncia fue presentada ante la Justicia Federal apuntando contra el rector normalizador Gerardo Blanes, el presidente de la Junta Electoral Ricardo Casanova y los integrantes de ese organismo. El escrito fue firmado por las secretarías generales de Adiupa y Sitraiupa, junto a apoderados y fiscales de las listas estudiantiles.
Pese a todo, el rector normalizador Blanes ratificó que el proceso de normalización continuaría según el calendario previsto y declaró que el 30 de marzo se conformaría el Consejo Superior.
La comunidad universitaria tomó posición
Desde las 6 de la mañana, estudiantes y sectores opositores mantenían una permanencia en el edificio central de la calle Rivadavia en rechazo a las elecciones de mediados de este mes.
La convocatoria a sesionar era para las 8 en el aula SET del IUPA. Sin embargo, se presentaron desde el oficialismo a las 06 hs aproximadamente. Los consejeros opositores denunciaron que el lugar fue modificado y trasladado al Hotel de la Fundación Cultural Patagonia sin previo aviso: «nos avisaron por correo casi una hora después», afirmaron.
Al arribar las autoridades encabezadas por Blanes, la tensión escaló. El docente y consejero electo por la Lista 10, Nicolás Martínez, fue uno de los afectados: denunció haber sido golpeado y forcejeado: «Me violentaron, me rompieron la ropa, me tiraron al piso y nunca pudimos ingresar a sesionar».
En medio del conflicto comenzó a circular un acta firmada por el sector oficialista donde se definió a Gerardo Blanes como rector por mayoría. La sesión metafóricamente se cocinaba a puertas cerradas en la cocina de Fundación, mientras más de 200 personas se manifestaban en el exterior. Se hicieron presentes además de la comunidad universitaria de IUPA los gremios CTA, Camioneros, Unter, Adunc y CGT.
El sector oficialista argumentó en el acta que la medida de fuerza imposibilitó la realización de la sesión como se había comunicado en principio. Para quienes reclamaban por el fraude electoral, esa justificación no hizo más que confirmar que la movilización fue efectiva.
Tras horas convulsionadas, la primera sesión del Consejo Superior del IUPA fue finalmente anulada. Si bien la reunión había sido formalmente inaugurada y se habían realizado deliberaciones previas, en el marco de las manifestaciones impulsadas por estudiantes y las agrupaciones sindicales, a pedido de estos sectores, se resolvió dejar sin efecto lo actuado, ello conforme el acta firmada por consejeros y directores de Departamento.
Sin embargo, no contó con la firma de Gerardo Blanes. Quien luego afirmó al Diario Rio Negro que efectivamente habría sido elegido como rector alegando la validez del proceso. La designación, agregó, quedó formalizada en el expediente N° 133/26, correspondiente a la Ordenanza N° 01/2026 del Consejo Superior lo que, según afirmó, «respalda su nombramiento».
Lo que viene: el impulso no se detiene
Lo gestado este lunes es mucho más que la anulación de una sesión, que por sus dichos el ex – rector Blanes pretenderá desconocer. Es la demostración de que la comunidad universitaria organizada tiene poder. Que cuando docentes, trabajadores no docentes y estudiantes se unen, pueden torcer el brazo a una conducción que intentó saltear la voluntad de una mayoría y consumar un fraude.
Además, la lucha por el IUPA se inscribe en un conflicto más amplio. Los gremios universitarios a nivel nacional denuncian que los docentes universitarios llevan desde 2024 sin paritarias, acumulando una pérdida salarial histórica. El ajuste nacional sobre la universidad pública tiene su correlato en cada institución donde el gobierno —sea nacional o provincial— intenta avanzar sin dar explicaciones.
La jornada del 30 de marzo en el IUPA de Fiske Menuco es un faro. La universidad pública, laica y democrática no es un slogan: es una conquista que se defiende con organización, con presencia en las calles y con la claridad de saber que cualquier retroceso institucional se puede revertir cuando la comunidad actúa unida.
