El Gobierno argentino declaró a la Guardia Revolucionaria de Irán como «organización terrorista» y dispuso su incorporación al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET). La medida tendrá impacto directo en los planos judicial, diplomático y de seguridad, en un contexto internacional atravesado por la guerra en Medio Oriente.
La inclusión en el listado oficial implica «la aplicación de sanciones financieras y restricciones operativas destinadas a limitar su capacidad de acción en el país, al tiempo que protege al sistema financiero argentino de ser utilizado con fines ilícitos», según explicó Casa Rosada a través de un comunicado.
El atentado contra la embajada de Israel se produjo el 17 de marzo de 1992, con un saldo de 29 muertos (Foto: archivo).
La decisión del Gobierno responde a un doble contexto. Por un lado, la escalada militar en Medio Oriente, con enfrentamientos directos entre Irán, Estados Unidos e Israel, y, por otro, la historia reciente de Argentina, marcada por dos atentados terroristas que la Justicia local atribuyó a estructuras vinculadas al régimen iraní.
El antecedente central está dado por los ataques contra la embajada de Israel en Buenos Aires y la mutual AMIA, que dejaron más de un centenar de muertos y constituyen los mayores actos terroristas cometidos en el país. En ambos casos, la Justicia avanzó en la identificación de responsabilidades que apuntan a altos funcionarios iraníes y a la participación operativa de Hezbollah -un proxy de Irán- como brazo ejecutor.
El 18 de julio de 1994 un ataque terrorista redujo a escombros la sede de la AMIA y mató a 85 personas (Foto: NA).
«Las investigaciones judiciales y los trabajos de inteligencia determinaron que ambos ataques fueron planificados, financiados y ejecutados con participación directa de altos funcionarios del régimen iraní y de operativos de la Guardia Revolucionaria», manifestó el Gobierno.
Ese antecedente le otorga a la medida un componente particular: no se trata únicamente de un alineamiento con la política exterior de Estados Unidos o Israel, sino de una decisión vinculada a causas judiciales abiertas en Argentina y a un reclamo histórico de justicia por parte de las víctimas.
Creada en 1979 tras la revolución islámica, la Guardia Revolucionaria evolucionó hasta convertirse en una estructura central del sistema político iraní. Con autonomía operativa, influencia estratégica y proyección internacional a través de su Fuerza Quds, el cuerpo no solo despliega capacidad militar, sino que también sostiene redes económicas y vínculos con organizaciones armadas en Medio Oriente.
«El Presidente Javier Milei espera que esta decisión salde una deuda histórica de más de 30 años con los familiares de las víctimas, y reafirma su compromiso con la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo, manteniendo la convicción inquebrantable de reconocer a los terroristas por lo que son», indicó el Ejecutivo.
