La discusión por la tasa vial, un clásico conflicto entre productores agropecuarios y municipios argentinos, acaba de dar un giro que puede tener consecuencias mucho más amplias que el caso puntual que la originó. Un fallo de la Justicia en Trenque Lauquen no solo cuestionó el cobro de este tributo en Daireaux, sino que fijó un criterio que, de consolidarse, podría habilitar una ola de reclamos similares en distintos puntos de la provincia.
La sentencia, dictada por el Juzgado Contencioso Administrativo N°1 a cargo de Pablo Cristian Germain, resolvió un planteo presentado por cuatro productores rurales que cuestionaron la legalidad de la tasa por mantenimiento de caminos rurales. El eje del reclamo fue la falta de prestación efectiva del servicio que justifica ese cobro.
El fallo judicial avanzó sobre ese punto y dejó asentado un principio central en materia tributaria: las tasas requieren una contraprestación específica por parte del Estado. Si ese servicio no se presta, el cobro pierde su sustento jurídico. Con ese criterio, el juez analizó la situación concreta de los productores y, en algunos casos, directamente los eximió del pago.
Más allá del impacto inmediato sobre los productores involucrados, el dato relevante es el alcance potencial del fallo. A diferencia de antecedentes donde la discusión quedaba en aspectos formales, en este caso la Justicia ingresó de lleno en la cuestión de fondo, ya que evaluó si el servicio existía y si los fondos recaudados estaban siendo correctamente utilizados.
Para eso se apoyó en pruebas técnicas: una pericia contable detectó desvíos en la utilización de los recursos provenientes de la tasa vial, mientras que un informe de ingeniería relevó el estado de los caminos rurales en las zonas involucradas. Ese doble respaldo permitió construir un fallo con mayor densidad que otros precedentes.
Desde la óptica de quienes impulsaron la demanda, ese es el punto que abre un escenario nuevo. El abogado de los productores sostuvo que este tipo de resoluciones pueden tener un efecto multiplicador, en la medida en que fijan criterios aplicables a situaciones similares en otros distritos.
La idea de «efecto cascada» no es teórica, ya que el mismo estudio ya lleva adelante acciones en otros partidos bonaerenses como Bolívar, Azul y Tapalqué.
El caso de Daireaux refleja una tensión que se repite en buena parte del interior productivo. Por un lado, los municipios defienden la tasa vial como herramienta para financiar el mantenimiento de una red extensa y costosa. Por otro, los productores cuestionan tanto el estado de los caminos como el destino de los fondos recaudados.
Para el agro, que un camino esté en mal estado es imposibilidad para trabajar: la maquinaria pesada y los camiones que llevan la producción o traen insumos no pueden transitar. Tampoco los pobladores de las zonas rurales pueden desarrollar sus vidas sin una red de trazas viales rurales en condiciones.
