Las audiencias públicas pretendieron ser para el gobierno nacional un escalón más hacia el objetivo de aprobar la modificación de la Ley de Glaciares y habilitar a las multinacionales mineras a explotar oro, plata, cobre y litio sobre zonas glaciares y periglaciares. El récord de inscriptos para una audiencia pública, más de 100 mil, en su abrumadora mayoría para defender las fuentes de agua, forzó al oficialismo a manipular el proceso de audiencia pública y restringir la participación a sólo el 0,3 por ciento de los expositores, por lo que desde la sociedad civil se tildó de “farsa” lo sucedido, mientras que un grupo de diputados presentó una impugnación contra la audiencia. El Poder Judicial, por el momento, habilitó el trámite, a pesar del Acuerdo de Escazú, pero quedó en evidencia que el oficialismo prioriza los intereses económicos de las empresas mineras por encima de los argumentos científicos, ambientales y humanos.
La tensión crece con una agenda oficial que insiste en no escuchar y, junto a sus aliados, pretende dar dictamen y llevar al recinto el proyecto en abril. En segunda instancia, el Poder Judicial aún podría frenar el tratamiento en el recinto de la Cámara baja si hiciera lugar a la medida cautelar presentada por organizaciones de la sociedad civil, que pidieron demorarla hasta que se dé efectivo cumplimiento de una participación bajo los parámetros de Acuerdo de Escazú y la Ley Ambiente, con participación abierta, transparente y efectiva de quienes pidieron expresarse ante los diputados.
Si el oficialismo consigue los votos aliados, para avanzar con el dictamen y llevarlo al recinto, las presentaciones por inconstitucionalidad serán la regla de esta “modernización” o “adecuación” de la norma, por la vulneración del artículo 41 de la Constitución y la Ley de Ambiente, sobre los presupuestos mínimos ambientales de carácter federal (ya reconocido por un fallo de la Corte Suprema en 2019) y el principio de “no regresión” reconocido por la Ley de Ambiente y por el Acuerdo de Escazú, entre otros puntos. Los expositores de las comunidades indígenas Huarpe, Diagüitas, Ocloya, entre otros, denunciaron también el incumplimiento de los derechos de los pueblos originarios, la falta de consulta previa, previsto en el Convenio 169 de la OIT, y el Derecho de la Naturaleza.
Una ley para las mineras
La Casa Rosada no se inmutó por la apabullante cantidad de expositores en defensa del agua y avanzó con su agenda a favor de las multinacionales. El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció, en paralelo a la audiencia del jueves, más beneficios del Régimen de Incentivos a Grandes Inversores (RIGI) para la británica Río Tinto, que participa del proyecto Los Azules sobre ambiente glaciar, y ahora ampliará el proyecto Fénix, en el Salar de Hombre Muerto. Esa explotación de litio inició en 1997 y, desde entonces, secó el Río Trapiche y no trajo ni progreso ni empleo para Antofagasta de la Sierra. El presidente de Lithium Argentina, Gerardo Romero Agüero, empresa que explotaba el yacimiento ahora bajo control de Río Tinto desde febrero de este año, fue uno de los expositores a favor de la reforma de la Ley de Glaciares.
Los intereses de las mineras detrás de la reforma fue una denuncia constante en las exposiciones de sociedad civil, que mostró un músculo de participación de récord mundial. Quienes pudieron llevar su voz al micrófono en las audiencias del 25 de marzo y 26 de marzo, sostuvieron la necesaria defensa del agua (mediante los glaciares y periglaciares) en un contexto de crisis climática y “quiebra hídrica”. Alertaron sobre lo irreversible de destruir estos cuerpos de agua y la necesidad vital de cumplir los objetivos del artículo 1 de la norma actual: “Reservas estratégicas” para el consumo humano, la agricultura, la recarga de cuencas, la protección de la biodiversidad, ciencia y turismo.
Una de las exposiciones que buscó dejar en claro que el proyecto de ley tiene “nombre y apellido” fue la del presidente de la Asociación de Abogados Ambientalistas, Enrique Viale. Es que MARA y El Pachón (de la multinacional Glencore en Catamarca y San Juan), Vicuña (de las multinacionales BHP y Lundin Mining en San Juan), y Los Azules (de McEwen Cooper en San Juan), son algunos de lo proyectos beneficiados por el RIGI, que operan en zona de glaciares.
La ex diputada nacional y autora del proyecto de ley votado en 2010, Marta Maffei, recordó también que un estudio de la Universidad de Zurich reveló, al menos, 53 casos entre Jujuy, Salta, La Rioja, Mendoza, Catamarca y San Juan, donde ya funcionan proyectos mineros sobre zonas de ambientes glaciares y periglaciares; y llamó a los diputados a la reflexión para que no voten la norma aprobada por el Senado porque “omite rigurosamente todos los recaudos legales y constitucionales establecidos en la legislación vigente”.
Durante la audiencia, Viale señaló un caso concreto de relación entre los legisladores y las mineras. El de la senadora salteña Flavia Royón (ex secretaría de Energía y Minería en las gestiones de Alberto Fernández y Javier Milei), por tener vínculo de asesoría con la minera Río Tinto, la misma que benefició Caputo durante el segundo día de audiencias. Sobre el cierre de las audiencias, Abogados Ambientalistas presentó la denuncia penal contra Royón en Comodoro Py por delitos contra la administración pública por negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones públicas, tráfico de influencias y cohecho. La organización denunció que la ex funcionaria formó parte del Directorio de empresas proveedoras mineras como Minenco SAS y Zelandez sin respetar el periodo de carencia con la función pública.
Si la norma fuera aprobada tal como salió del Senado, cada provincia definirá —violentando el principio constitucional de presupuestos mínimos ambientales y el ordenamiento federal que rige en la Ley de Ambiente— si el glaciar o zona periglaciar cumplen la «función hídrica» de “reserva estratégica” o si el inicio de una explotación minera, hidrocarburífera o industrial —hoy prohibidas— podrían generar una «alteración relevante».
https://agenciatierraviva.com.ar/mas-de-100-mil-razones-para-defender-los-glaciares-del-lobby-minero
