En noviembre de 2012, entró en vigor la tasa turística en Catalunya, con la que la Generalitat ingresaba por persona y noche 2,25 euros en los hoteles de 5 estrellas, 0,90 euros en los de cuatro (en Barcelona, 1,10 euros) y 0,45 euros en el resto de los establecimientos (0,65 en el municipio de Barcelona). Barcelona introdujo su recargo municipal en junio de 2021, que se fue incrementando hasta los 4 euros y que la nueva ley, que ha entrado en vigor permite incrementar un euro al año hasta 2029. La nueva ley, que incrementa la tarifa –a partir de ahora el 25% de la recaudación se destina a políticas de vivienda– abre la puerta al resto de municipios de Catalunya a implantar su propio recargo a partir de octubre. De momento, pocas localidades se lo plantean. Al menos, a corto plazo.
En la Costa Daurada hay disparidad de posicionamientos. Por ahora se impone cierta cautela. Hay ayuntamientos que ya tienen claro que no tienen ninguna intención de aplicarlo, como Salou o Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant; hay otros municipios dispuestos a estudiar su aplicación, como Vila-seca, con el núcleo de la Pineda como gran epicentro hotelero. Y una minoría sí tiene ya la intención de aplicar el recargo, como Tarragona o Mont-roig del Camp (Baix Camp), con el núcleo de Miami Platja y una gran concentración de campings (5.000 plazas) y apartamentos turísticos (3.000).
Salou, epicentro turístico con 8,6 millones de pernoctaciones anuales y 2,5 millones de visitantes en la última temporada, se cierra en banda. “No nos planteamos aplicar ningún recargo a la tasa turística. No puede ser que entre los municipios haya competencia, tiene que ser para todos igual, no podemos competir a razón de la fiscalidad. No es justo que en Salou el turista pague más que en la Pineda o Cambrils”, sostiene su alcalde Pere Grandos (Sumem per Salou-PSC).
“Tenemos claro que no aplicaremos la tasa turística en nuestro municipio, no es justo que nos pongan esta competencia extra a los ayuntamientos. Queremos potenciar el turismo”, destaca Assumpció Castellví (Junts), alcaldesa de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant (Baix Camp). Sin embargo, otros municipios como Tarragona o Vila-seca sí van a estudiar la opción: “Estamos a favor de la tasa turística, es un retorno a la ciudadanía y con una ciudad cuidada, la experiencia del visitante es mejor”, destaca Montse Adán (PSC), concejal tarraconense, pero reconoce que antes “tenemos que trabajar con la Generalitat y el propio sector turístico para ver qué medidas tomamos. La voluntad es destinar los nuevos recursos en mejorar la promoción de Tarragona, con 1,7 millones de pernoctaciones en 2025.
“Hemos de estudiar una herramienta que nos da el Govern como la tasa turística, pero este año no tenemos pensado aplicarla”, reconoce Pere Segura (Junts), alcalde de Vila-seca. “Nos gustaría tener muchos más recursos y no tener que valorar el recargo de la tasa turística, pero no es el caso. Tenemos la oportunidad de disponer de otro ingreso. Estamos valorando cómo la aplicamos, en consenso con el sector. Si lo acabamos haciendo lo destinaremos a mejor limpieza o seguridad”, sostiene Fran Morancho (PSC), alcalde de Mont-roig del Camp. “Necesitamos más recursos”, reivindica Morancho.
De hecho, Salou lleva tiempo reclamando una mejor financiación para los municipios más turísticos. “No es justo que el residente tenga que cargar con los servicios prestados a los visitantes. El presupuesto de seguridad, en policía, es de seis millones de euros, o la limpieza o recogida de residuos están dimensionados por la gran afluencia de turistas. ¿Quién lo paga? El residente y los empresarios”, alerta Granados (Salou), que reclama un nuevo sistema de financiación en una alianza estratégica con los ocho municipios más turísticos de España. Piden participar en una parte de la recaudación del IVA.
En Girona, los ayuntamientos turísticos también se muestran, por ahora, “prudentes” ante la posibilidad de aplicar un recargo municipal a la tasa turística. Los alcaldes no se mojan aun ante la posibilidad de sumar unos ingresos que ayudarían a mejorar la deficiente financiación de sus municipios, de momento los consistorios descartan aplicar el recargo, que fija un máximo de 4 euros por persona y día, durante este año.
El alcalde de Torroella de Montgrí-l’Estartit, Jordi Colomí, ve necesario llegar a consensos para evitar competencia entre municipios. “A nadie le gustará ser el que más cobra por la tasa turística”, explica. Colomí planteó esa preocupación hace unos días al presidente del Consell Comarcal del Baix Empordà y espera tratar el tema en algún consejo de alcaldes. De momento, descarta su aplicació a corto plazo: “Las empresas turísticas ya han informado de los precios de este año a sus clientes y aplicar ahora el recargo sistorsiona el precio final”, mantiene.
Salou rechaza el recargo municipal pero reclama una mejor financiación participando en la recaudación del IVA
Tampoco Calonge i Sant Antoni aplicarán ningún recargo este año. Fuentes municipales explican que se valorará en 2027, en función de cuál sea la situación económica del Ayuntamiento. Las mismas fuentes añaden que prefieren ser “prudentes” y valorar los efectos que esta regulación pueda tener a un año vista. Esta localidad costera del Baix Empordà tiene un perfil de turismo familiar, con pocas plazas hoteleras.
En Palamós, reconocen que el incremento de la tasa turística tendrá un “impacto positivo” en los ingresos municipales. Aun así, de momento, tampoco aplicarán ningún recargo en 2026. “Habrá que ver cómo la tasa nos ayuda a equilibrar las desigualdades que sufrimos los municipios turísticos”, explica la alcaldesa, Maria Puig, que no descarta estudiar su aplicación en un futuro.
El alcalde Platja d’Aro, Maurici Jiménez, explica que la infrafinanciación es un los problemas que sufren los municipios turísticos como Platja d’Aro. “Si el recargo nos sirve para desquitarnos parte de los servicios que debemos dar a la población estacional, lo valoramos positivamente”, explica. Pone como ejemplo servicios como el de la limpieza, la seguridad o el alargamiento de la temporada de socorrismo en las playas. “Son servicios que hoy tienen ciertas limitaciones y si tuviéramos un ingreso extraordinario, podríamos mejorarlos”, mantiene. El Consistorio valorará si lo aplica en 2027, una vez queden concretados qué servicios se pueden mejorar y como pueden vehicularse a la tasa. Un proceso que el Ayuntamiento prevé hacer de la mano del sector, principalmente de los alojamientos turísticos y del empresariado.
La alcaldesa de Sitges, Aurora Carbonell (ERC), afirma que el gobierno municipal valora positivamente el acuerdo para actualizar la tasa turística, “reforzará la capacidad de los municipios para gestionar mejor el impacto del turismo y disponer de más herramientas para destinar recursos a políticas de vivienda, limpieza y mantenimiento, servicios para la ciudadanía”. Sin embargo, sobre el recargo municipal afirma que no hay ninguna decisión tomada, “primero habrá que evaluar el impacto concreto de la tasa”.
El Gremi d’Hostaleria de Sitges recuerda que el sector del alojamiento turístico de Catalunya rechaza de forma “total y unánime” el incremento de la tasa turística y alerta de su impacto económico y territorial. Además, el sector reclama “más transparencia y control sobre el destino de los ingresos recaudados con el impuesto turístico, garantizando que los recursos se utilicen estrictamente para las finalidades establecidas, con mecanismos claros de seguimiento, rendición de cuentas y evaluación del impacto real sobre el territorio y la calidad del turismo”. La oferta de Sitges es de cerca de 5.000 camas de hotel (con las plazas de camping y de apartamentos de uso turístico legal la cifra se triplica).
L’Hospitalet de Llobregat, pegado a la capital catalana y con las instalaciones de Fira de Barcelona y sus miles de congresistas en el municipio, es uno de los pocos Ayuntamientos que aplaude sin dilación la aplicación del recargo municipal. “La intención es aplicar el máximo que se pueda”, mantiene el concejal de Agenda Urbana del Ayuntamiento, José Antonio Alcaide. El socialista argumenta que el turismo tiene “efectos positivos en la ciudad, pero también genera gastos en ámbitos como la seguridad o la limpieza”. Por ello, considera que dicha actividad económica debe contribuir económicamente en conseguir mejores servicios “en toda la ciudad y, especialmente, a realizar políticas de vivienda”. Esperan que este recargo les ayude.
Recientemente, l’Hospitalet aprobó una moratoria de licencias de un año a los nuevos hoteles exceptuando dos ámbitos: Fira y el bioclúster de Bellvitge. El objetivo es disponer de tiempo para “repensar el modelo turístico”, señala Alcaide. A su lado, Esplugues de Llobregat no tiene nada previsto sobre el recargo de la tasa turística, aseguran fuentes del Ayuntamiento. En Gavà, explica el Consistorio que todavía no lo han valorado. En Castelldefels, ciudad de gran relevancia turística en el Baix Llobregat, fuentes municipales aseguran que “la semana pasada hubo un Consell de alcaldes del Baix Llobregat y se comenzó a debatir este tema, pero aún no se ha llegado a ninguna conclusión. Por lo que vamos a ver si hay alguna propuesta comarcal, mientras seguimos estudiando este tema antes de tomar una posición”.
En El Prat de Llobregat, con el aeropuerto en su término municipal, sí lo tienen claro y quieren aplicar el nuevo recargo. “En nuestro municipio trabajamos para que la riqueza generada por un territorio revierta en forma de servicios públicos en la calidad de vida de nuestros vecinos, así lo hacemos desde hace muchos años con las infraestructuras. En un sentido similar, creemos que este mismo modelo se debe aplicar al sector turístico y esta nueva normativa da herramientas a los municipios”, argumentan fuentes del Ayuntamiento liderado por los comunes.
Barcelona es, por ahora, el único municipio que aplica el recargo, que llegará a 8 euros en 2029
Mientras el recargo municipal lo ingresa íntegramente el Ayuntamiento que lo aplica, con la nueva ley en vigor, de la tasa turística general, el 25% la Generalitat lo destinará a políticas de vivienda. Del 75% restante, el 50% también se destina a cada municipio y el otro 50% a la gestión del turismo por parte del Govern.
