La “Ciudad de las Artes” en San Salvador de Jujuy fue presentada como uno de los proyectos más ambiciosos del sistema educativo provincial. Enmarcada en el PROMACE —financiado con créditos internacionales—, concentra carreras terciarias y profesorados de danza, teatro, artes visuales y cine, entre otros.
Sin embargo, detrás del discurso oficial, crecen los cuestionamientos de quienes la usan todos los días. Uno de los principales problemas es la falta de transporte accesible: la ubicación alejada del centro dificulta la llegada ya que casi no hay colectivos que lleguen hasta allí, encarece los costos y limita la cursada, especialmente para quienes dependen del transporte público -apenas cuatro líneas de colectivos llegan y con poca frecuencia- y muchos se ven obligados a tomar uno o dos colectivos más de los que tomaban antes.
A partir de allí, aparece un punto clave que atraviesa todo el proyecto: el financiamiento. La Ciudad de las Artes forma parte de un esquema sostenido con deuda externa, principalmente a través de la CAF – Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe.
Mientras muchos estudiantes se preparan para ser docentes, los salarios en la educación y salud se ven afectados por estas políticas. Se trata de créditos en dólares que la provincia paga con intereses y compromisos que impactan directamente sobre el presupuesto público.
En ese marco, el economista y diputado del PTS-FITU, Gastón Remy advirtió que Jujuy arrastra una deuda cercana a los 700.000 millones de pesos, con vencimientos anuales que presionan sobre las cuentas provinciales. Según señaló, este esquema condiciona la política salarial y empuja a un ajuste permanente sobre trabajadores y sectores populares.
Además, estos proyectos no solo benefician a organismos financieros. La ejecución de las obras queda en manos de empresas privadas —como City Constructora, Villanueva e Hijos, Geco o Consar— que acceden a contratos millonarios financiados con estos créditos. Sin embargo, la información detallada sobre adjudicaciones y costos no es fácilmente accesible, lo que abre interrogantes sobre la transparencia del proceso.
Mientras tanto, en la vida cotidiana de la Ciudad de las Artes, los problemas se acumulan. Estudiantes denuncian que el edificio se inunda cuando llueve, con filtraciones en aulas y pasillos. Los baños presentan falta de higiene, ausencia de insumos básicos y sectores inutilizables en días de lluvia. A esto se suma la escasa oferta horaria de algunos institutos, que dificulta la cursada para quienes trabajan.
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El malestar se expresó la semana pasada en una asamblea y cartelazo protagonizado por estudiantes del IES 4 y otras carreras, en rechazo al cobro obligatorio de aranceles de inscripción y del llamado “fondo de ayuda”. Denunciaron que, en los hechos, quienes no pagan enfrentan obstáculos para cursar o realizar trámites, y exigieron transparencia sobre el uso de esos recursos.
Quienes fueron parte de impulsar estos reclamos junto a estudiantes independientes, son estudiantes de distintas carreras que están agrupados en la 9 de Abril y Contraimagen. Plantean que «es necesaria la unidad de todos los que defendemos la educación pública. Sabemos que Sadir, como continuidad de Morales, tiene la peluca puesta. Por eso llamamos a toda la Ciudad de las Artes a acompañar a la docencia de ADEP y Cedems con nuestros propios reclamos, con la certeza de que tenemos un mismo enemigo«.
La situación también alcanza a la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (ENERC), que funciona en el predio y recibe estudiantes de todo el NOA. Allí se denuncian despidos, recorte presupuestario, deterioro del equipamiento y una caída en la calidad educativa, con clases que pasaron de ser presenciales a virtuales.
Este escenario combina políticas nacionales y provinciales. La ENERC depende del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, afectado por recortes, y articula con el Instituto de Artes Audiovisuales de Jujuy. En conjunto, el ajuste impacta directamente en la formación de estudiantes y en las condiciones de trabajo docente.
El gobierno de Carlos Sadir continúa así una política iniciada por Gerardo Morales, en sintonía con el rumbo nacional de Javier Milei. En una provincia donde crece la riqueza —impulsada en gran parte por el litio—, se profundiza una contradicción: más recursos, pero peores condiciones para estudiar y trabajar.
La relocalización de las instituciones hacia este polo educativo, además, se realizó sin consulta a la comunidad educativa. Frente a esto, la organización estudiantil empieza a emerger como respuesta, con reclamos por el fin de los cobros obligatorios, transparencia y condiciones dignas de cursada.
La Ciudad de las Artes aparece así como una síntesis de este modelo: una obra financiada con deuda, ejecutada por privados y sostenida, en parte, por el bolsillo de los propios estudiantes, mientras las condiciones básicas siguen sin resolverse.
