El plenario de comisiones previsto para este martes en la Cámara de Diputados será una instancia clave para definir el futuro inmediato de la reforma de la Ley de Glaciares, que podría llegar al recinto este miércoles si logra dictamen. En ese escenario, los representantes del Chaco anticipan una fuerte división, con posiciones marcadamente contrapuestas entre oficialismo y oposición.
De acuerdo al relevamiento realizado por NORTE, los legisladores de Unión por la Patria —Aldo Leiva, Julieta Campo y Sergio Dolce— ya definieron su voto negativo, mientras que desde el oficialismo y bloques aliados se inclinan por acompañar la iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo, que ya cuenta con media sanción del Senado.
RESPALDO AL CAMBIO
La diputada Rosario Goitia defendió la propuesta y rechazó que implique un retroceso en materia ambiental. «Esta modificación no afecta en absoluto la protección de los glaciares. Es una adecuación que da pautas interpretativas», sostuvo.
En ese sentido, remarcó que el proyecto «reconoce a las provincias la tutela de sus recursos naturales» y reafirma que «todos los glaciares y ambientes periglaciares incluidos en el inventario son objeto de protección». Además, destacó que se incorporan precisiones sobre el Inventario Nacional de Glaciares y se amplían las actividades prohibidas.
RECHAZOS ABSOLUTOS
En contraposición, Aldo Leiva fue categórico: «No tengo duda que voy a votar en contra y voy a hacer todo lo posible para que no salga». El legislador advirtió que la reforma implica «una entrega enorme de los recursos naturales» y puso el foco en el agua dulce como eje central del debate. «Estamos condicionando severamente el futuro del país», afirmó.
Una línea similar expresó Julieta Campo, quien vinculó la discusión con las consecuencias ambientales que atraviesa el Chaco. «Las provincias que no tenemos glaciares sabemos lo que pasa cuando no hay control ambiental», señaló, al recordar los efectos de la deforestación en la provincia. Para la diputada, los glaciares representan «la reserva hídrica del país» y su eventual afectación «compromete de manera irreversible el futuro». También cuestionó el proceso de debate y denunció falta de participación en las audiencias públicas.
Por su parte, Sergio Dolce reforzó las críticas al advertir que la reforma habilitaría el avance de intereses económicos sobre recursos estratégicos. «Vienen por el agua dulce y por la minería», sostuvo, y cuestionó tanto el desarrollo de las audiencias como el contexto político en el que se impulsa la iniciativa.
MAYORÍA ASEGURADA
En cuanto al escenario legislativo, fuentes parlamentarias señalan que el oficialismo contaría con los votos necesarios para aprobar el proyecto, apoyado en acuerdos con gobernadores de provincias cordilleranas. No obstante, el resultado final dependerá de la asistencia y eventuales cambios de postura.
Así, el debate expone no solo diferencias técnicas sobre la normativa vigente desde 2010, sino también una disputa política de fondo sobre el modelo de desarrollo y el control de los recursos naturales. Mientras el oficialismo defiende una actualización que, asegura, no vulnera la protección ambiental, la oposición advierte sobre riesgos estructurales y anticipa un rechazo cerrado en el recinto.
