En un llamativo fallo, la Justicia de Mar del Plata condenó a una veterinaria a pagar 17 millones de pesos a una clienta por la muerte de su perra presuntamente sana a la que habían llevado para que la bañaran y le cortaran el pelo. El caso ocurrió en 2023 y a esa cifra, que valúa también «el daño moral» ocasionado, deberán sumarle los intereses generados desde entonces.
La decisión del juez Bernardo Diez, a cargo del Juzgado Civil y Comercial Nº12 local, fue en respuesta a la presentación que hizo la dueña de “Juanita”, una bulldog francés de 7 años que había llegado en condiciones normales al local. Según consiga La Capital, la mujer dejó a su mascota en horas de la mañana sin ninguna señal perceptible de malestar.
El panorama se enrareció cuando Patricia Stadler, dueña del perro, abogada y denunciante, recibió un llamado de la veterinaria para avisarle que el animal se había descompensado mientras lo atendían. Cuando fue hasta el lugar el escenario fue peor: la perrita estaba muerta.
De acuerdo con los datos que surgieron del expediente, las pericias que se hicieron no permitieron establecer las causas de la muerte. Sin embargo, el magistrado tomó en cuenta que “la perra ingresó en buen estado de salud y murió mientras se encontraba bajo el cuidado del comercio”, en el contexto del servicio que Stadler había contratado.
En tanto, los investigadores evaluaron las condiciones y las circunstancias en que el centro veterinario llevó adelante la tarea que le habían asignado, así como las explicaciones que le dieron a la mujer frente a lo sucedido.
En ese sentido, el fallo alude a ciertas inconsistencias entre las respuestas que le dieron a la abogada y a “la ausencia de una reconstrucción clara de lo ocurrido en los momentos previos al desenlace”. Si bien se había iniciado una causa penal, fue desestimada y finalmente el caso tramitó en el ámbito civil.
Frente al escenario planteado, Diez resolvió una indemnización $17.164.000. Ese total, señala el mismo medio local, supera en más de 14 millones al monto reclamado y abarca “el valor de la mascota, los gastos derivados del hecho y el daño moral”, un aspecto que fue determinante por “el vínculo afectivo entre la dueña y su perra, que convivían desde hacía años”.
BPO
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