Marcelo D’Agostino, el subsecretario de Justicia de Mendoza que ocupó relevantes cargos en los últimos diez años en el Gobierno de la Provincia, presentó este viernes su renuncia horas después de que una ex pareja lo denunciara por abuso sexual, lesiones y amenazas.
En el texto de la renuncia que dirigió al gobernador Alfredo Cornejo, el abogado y dirigente político explicó que dejaba la Subsecretaría para «garantizar la transparencia y la plena colaboración con la justicia».
Y, en la misma carta, adelantó que cuando avance la investigación «quedará demostrada la absoluta falsedad de las acusaciones» en su contra.
Ante la conmoción que generó la denuncia y la rápida decisión de renunciar del funcionario, el Ministerio Público Fiscal indicó que tras recibir esta mañana «una denuncia en la que se menciona al ex Subsecretario de Justicia» tomó intervención en el caso la Unidad Fiscal de Violencia de Género.
La investigación de la denuncia por abuso sexual, lesiones y amenazas, entre otros delitos, quedó a cargo de la fiscal de Instrucción, Valeria Bottini.
En el marco de la investigación, el MPF indicó que «se encuentran en curso las medidas correspondientes conforme a los protocolos vigentes y a la naturaleza de los hechos denunciados». Además, aclaró que toda la información oficial vinculada a la causa será canalizada exclusivamente a través de la Oficina de Prensa del Ministerio Público Fiscal.
La denuncia en cuestión, según la prensa mendocina, había sido presentada temprano este viernes por una ex pareja de D’Agostino que es docente y periodista por hechos ocurridos entre 2021 y 2024.
Los delitos que le endilga la denunciante al ex funcionario van desde «abuso sexual con acceso carnal, lesiones graves reiteradas y amenazas» a «coacción reiterada y violencia de género».
La denunciante también pidió en su extensa presentación ante la justicia una protección especial para su abogada, María Elena Quintero, por el cargo que ejercía D’Agostino.
En las denuncias, el ex funcionario también fue acusado por aparente «abuso de poder institucional» al sostener que D’Agostino hacía alarde de «su posición y sus vínculos con el poder político, judicial y de seguridad» para intimidarla y «desalentar cualquier intento de denuncia y reforzar su control» sobre ella.
En ese marco, la denunciante pidió también una medida restrictiva con «prohibición de acercamiento, retención del pasaporte, restricción de salida del país, botón antipánico y embargo preventivo de bienes» respecto de D’Agostino.
