Santiago Busaniche, el operador judicial que está imputado de haber gestionado coimas y extorsiones para jueces federales de Rosario, pidió que la justicia llame a declarar como testigo Héctor Daniel Marchi, el ex administrador general de la Corte Suprema de Justicia por haber sido mencionado en la declaración de un arrepentido.
El pedido de la defensa de Busaniche en la causa “Bailaque Marcelo Martin y otros” incluyó la solicitud de interrogar también a la hermana de Marchi y a todas las personas que trabajaron desde 2019 con el ex contador en la Corte Suprema. Para ello, solicitó cursar a la oficina de persona de la Corte Suprema o, en su defecto al presidente Horacio Rosatti, para identificar a todos esos dependientes, “en especial secretarios, asistentes y asesores” que trabajaron con Marchi desde 2019 en adelante.
La defensa también pidió que se oficie a la Unidad de Información Financiera para conocer las inversiones de Marchi y que se pida a las compañías telefónicas para conocer todas las líneas telefónicas asociadas al contador y el listado de las llamadas entrantes y salientes desde 2019.
También quiere saber si uno de los arrepentidos, Fernando Whpei, tenía a Marchi agendado como “hermanito”.
Héctor Daniel Marchi -un contador santafesino con aspiraciones políticas- fue nombrado en 2003 administrador general de la Corte y manejó la caja del máximo tribunal durante más de 15 años. Fue denunciado por supuesto enriquecimiento ilícito por la entonces diputada de la Coalición Cívica Elisa Carrió y él trató de enjuiciarla por las acusaciones en su contra.
El 20 de abril de 2023, la Corte Suprema, con la disidencia de Ricardo Lorenzetti, desplazó a Marchi de la administración general, en el marco de un reacomodamiento interno del área. El contador fue entonces a declarar ante la comisión de juicio político contra la Corte Suprema que impulsó Cristina Kirchner y se presentó en la causa que tenía el juez federal Ariel Lijo por supuestas irregularidades en la obra social de la Nación (que el fiscal Carlos Stornelli promovió cerrar por inexistencia de delito).
El nombre de Marchi apareció en la causa contra el juez destituido juez Bailaque a través de la declaración como arrepentido de Carlos Vaudagna, el ex jefe de la AFIP de Santa Fe que admitió haber sido cómplice de una maniobra que llevó adelante el ex juez y otros para extorsionar a empresarios con una causa armada. Busaniche fue uno de los intermediarios de esa maniobra, según los fiscales de Rosario. Y en el teléfono de Vaudagna se detectaron audios en los que hablan entre sí. Allí Vaudagna habla con Busaniche de «el colorado». Cuando le preguntaron quién era “el colorado”, Vaudagna respondió que el entonces administrador general de la Corte Suprema de la Nación, Héctor Daniel Marchi.
En febrero pasado, el equipo de fiscales de Rosario presentó tres acusaciones contra el exjuez Bailaque por una serie de delitos vinculados a presuntos actos de corrupción durante el ejercicio de la función judicial y estimó un pedido de pena de 10 años de prisión. También acusó a la esposa del ex juez y a Busaniche, por haber instigado a Bailaque y a Vaudagna a cometer los delitos de prevaricato, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público, allanamiento ilegal y falsedad ideológica de documento público. Para él se estimó una pena de 6 años de prisión.
Esta no es la única causa que pesa sobre Busaniche. Como consecuencia de la investigación que lleva el nombre de Bailaque, el financista Fernando Whpei reconoció los detalles de la extorsión a Iglesias que también lo involucra. Y agregó que el operador judicial ofició de intermediario ante el juez de Rosario Gastón Salmain para que éste sacara un fallo que le permitiera acceder a dólares a cambio oficial en la gestión de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, a cambio de una coima de 200 mil dólares. Como finalmente la operación se hizo cuando llegó el gobierno de Javier Milei y la diferencia del dólar oficial se había desvanecido, la ganancia de Whpei se redujo a unos 19 mil dólares, pero Busaniche le advirtió que debía pagar los 200 mil dólares o el juez lo denunciaría. Whpei se negó a pagar y fue denunciado por el juez.
Hace dos semanas, la Cámara Federal de Rosario confirmó el procesamiento con prisión preventiva de Salmain, junto a Busaniche y Whpei, por estas maniobras. La orden de detención no se cumplió porque Salmain aún es juez y la comisión de Acusación en el Consejo de la Magistratura analiza éstas y otras denuncias para decidir si promueve su destitución.
