En un contexto de creciente sensibilidad social frente al maltrato animal, impulsado por la difusión de casos en redes sociales y medios de comunicación, la comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados del Chaco analiza dos proyectos que apuntan a reforzar la respuesta estatal frente a esta problemática.
LOS PROYECTOS
Las iniciativas -identificadas como proyectos 535, impulsado por los diputados Slimel y Zimmermann, y 524, de la diputada Maida With- coinciden en la necesidad de actualizar el marco normativo vigente, aunque difieren en su enfoque y alcance.
El proyecto 535 propone una reforma integral del Código de Faltas provincial (ley 850-J), incorporando definiciones precisas de maltrato y crueldad animal. Entre ellas, incluye conductas como la falta de alimentación adecuada, el abandono, la ausencia de atención veterinaria o la organización de riñas. También establece agravantes como la reincidencia, la difusión en redes sociales o la comisión de los hechos en presencia de menores.
PENAS MILLONARIAS
En términos sancionatorios, fija multas de hasta doce salarios mínimos, vitales y móviles (SMVM) -equivalentes a $4.293.600- para casos generales, y hasta 18 SMVM ($6.440.400) cuando hay muerte del animal o crueldad extrema. En estos últimos supuestos, incorpora una novedad relevante: el arresto de hasta 180 días será de cumplimiento efectivo y no podrá ser sustituido por multa.
Según sus fundamentos, la iniciativa busca «modernizar el marco normativo provincial» y superar las limitaciones actuales en la tipificación de conductas y la proporcionalidad de las sanciones. Además, introduce herramientas como el secuestro preventivo del animal, la creación de un registro de infractores y la inhabilitación para la tenencia de animales de hasta 10 años o definitiva.
Por su parte, el proyecto 524 adopta un criterio más acotado en lo estructural, pero significativamente más severo en lo económico. En lugar de redefinir conductas, remite a la legislación nacional vigente —ley 14346— y a la normativa provincial, concentrándose en fortalecer el régimen sancionatorio y su ejecución.
Establece multas de entre 5 y 20 SMVM ($1.789.000 a $7.156.000) para maltrato, y de 20 a 50 SMVM ($7.156.000 a $17.890.000) para crueldad. En casos de muerte del animal, la sanción debe ubicarse en el tramo superior, lo que en la práctica puede llevarla al máximo previsto.
En sus fundamentos, la diputada sostiene que el problema central no es la ausencia de normas sino la «brecha entre la existencia normativa y la eficacia real del sistema sancionatorio».
Ambos proyectos coinciden en la creación de un registro de infractores y en la posibilidad de inhabilitar la tenencia de animales, aunque difieren en los plazos.
Slimel: «El desafío es que esta lucha se convierta en una verdadera política de Estado»
El diputado provincial Nicolás Slimel respaldó el proyecto que impulsa para endurecer las sanciones contra el maltrato animal en el Chaco, aunque advirtió que la medida, por sí sola, no resolverá el problema estructural.
«El maltrato animal no es un hecho menor, es una forma de violencia», afirmó el legislador, al explicar que la iniciativa surgió tras el contacto con organizaciones proteccionistas que reportan situaciones «que no se pueden entender en pleno siglo XXI» y que exigen respuestas más firmes del Estado.
En declaraciones al ciclo Buen Día, NORTE, que se emite por NORTE TV, el legislador, autor junto con su par de la UCR Carlos Salom de uno de los proyectos, remarcó que «el objetivo es agravar las sanciones para tratar de erradicar la violencia hacia los animales». Destacó en este sentido que existe un consenso social creciente en torno a su protección, en un contexto donde los animales son considerados «seres sintientes» y parte de la familia.
No obstante, el diputado subrayó que el endurecimiento de penas es solo una parte de la solución. «Esto no va a solucionar claramente el problema. Hay una falta de controles y de políticas públicas sostenidas», advirtió.
En ese sentido, planteó la necesidad de avanzar hacia una estrategia más amplia y coordinada. Adelantó que trabajan en una iniciativa para crear un organismo específico que aborde la problemática de manera integral.
«El desafío es que sea una verdadera política de Estado», concluyó.
