Foto: Ilustrativa.
El proyecto fue impulsado por el Departamento Ejecutivo a cargo del intendente Mauro García y generó coincidencias entre oficialismo y oposición, aunque con distintos enfoques sobre cómo abordar la problemática.
El Honorable Concejo Deliberante (HCD) de General Rodríguez avanzó este jueves en el tratamiento de un proyecto de ordenanza que propone prohibir distintas actividades en los semáforos del distrito, una problemática que viene generando preocupación tanto por la seguridad vial como por la situación social de quienes las realizan.
Durante el debate, el concejal Darío Kubar, jefe del interbloque Alianza La Libertad Avanza, remarcó que este tipo de situaciones se han incrementado en los últimos meses y representan un riesgo para el tránsito.
“Todos los vecinos de Gral. Rodríguez hemos visto la gran cantidad de actividades que se llevan adelante en los semáforos, desde limpieza de vidrios, cuida-coches, venta ambulante en medio de la parada vehicular y el riesgo que ello significa”, sostuvo.
En ese sentido, señaló que los puntos más críticos se encuentran en accesos clave a la ciudad, como la Ruta 28 a la altura de Int. Pedro Whelan y Av. Dr. Ricardo Balbín, donde describió “situaciones bastante difíciles para el tránsito”.
Kubar también planteó que muchas de estas prácticas ya están contempladas como ilegales en la normativa vigente, al tratarse de actividades sin autorización municipal.
A su vez, el edil opositor valoró el avance del proyecto y chicaneó al oficialismo al advertir un cambio en la orientación del Ejecutivo: “Celebramos cierta derechización del Departamento Ejecutivo porque vemos ordenanzas que coinciden con lo que venimos planteando desde hace rato”.
No obstante, también pidió contemplar la situación de quienes realizan estas actividades por necesidad económica, instando a que áreas como Desarrollo Comunitario y Niñez intervengan con políticas de asistencia.
Por su parte, la concejal Ana Mottino, del bloque Fuerza Patria, buscó bajar el tono ideológico del debate y enfatizó que la iniciativa apunta a dar respuesta a una demanda concreta de la comunidad.
“Esto no tiene que ver con cuestiones ideológicas. Estamos zanjando una preocupación de vecinos y vecinas. Nadie persigue a nadie, no se trata de criminalizar ni penalizar”, afirmó.
En esa línea, la dirigente oficialista sostuvo que el rol del Estado debe centrarse en relevar cada situación y brindar acompañamiento a quienes atraviesan necesidades, en lugar de aplicar medidas punitivas.
De esta manera, el proyecto abre un debate que combina dos ejes centrales: la necesidad de ordenar el tránsito y garantizar la seguridad, junto con el desafío de abordar las problemáticas sociales que están detrás de estas actividades informales.
