El escenario actual
En un nuevo paso hacia la desregulación total de la economía, el Poder Ejecutivo ha determinado la eliminación de los controles que el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) ejercía sobre el sector de alimentos y bebidas. La decisión, que se enmarca en la política de «motosierra» sobre los organismos del Estado, supone un cambio drástico en el sistema de vigilancia sanitaria y técnica del país.
Hasta esta semana, el INTI funcionaba como el brazo tecnológico que garantizaba que lo que las empresas declaran en sus etiquetas coincidiera con la realidad del producto. Ahora, ese respaldo técnico desaparece para dar paso a un esquema de controles mucho más laxo.
Los números del vaciamiento
La resolución no solo afecta la seguridad de los consumidores, sino que desmantela la estructura operativa del organismo:
- 900 servicios suspendidos: Desde análisis de laboratorio hasta certificaciones de procesos industriales.
- 700 despidos: El organismo ha perdido casi una cuarta parte de su planta operativa en los últimos meses.
- Impacto inmediato: El cese de los ensayos técnicos se aplica de forma directa, dejando trámites de certificación en un limbo administrativo.
¿En qué nos afecta como consumidores?
La pregunta que surge en los hogares es directa: ¿quién controla ahora lo que comemos? Si bien existen otros organismos como el ANMAT o el SENASA, el INTI era el encargado de la auditoría tecnológica profunda. Sin estos ensayos, se debilita la capacidad de detectar:
- Fraudes alimentarios: Sustitución de ingredientes por otros de menor calidad o costo.
- Irregularidades en el etiquetado: Falta de precisión en los valores nutricionales o componentes alérgenos.
- Seguridad técnica: Fallas en los procesos de conservación y envasado.
Las PyMEs: las más perjudicadas
Para las grandes multinacionales, costear laboratorios privados para certificar calidad es una opción viable. Sin embargo, para las pequeñas y medianas empresas de Buenos Aires y el interior, el INTI era el único aliado accesible para validar sus productos y competir en el mercado. Sin este soporte estatal, muchas PyMEs se enfrentan a costos prohibitivos para demostrar su calidad, lo que podría derivar en una mayor concentración del mercado en manos de pocas empresas.
Un futuro incierto
Desde los sectores gremiales y científicos advierten que esta medida no representa solo un «ahorro fiscal», sino una pérdida de soberanía tecnológica. Mientras el Gobierno defiende la medida como una forma de «eliminar trabas burocráticas» para incentivar la inversión, los especialistas alertan que, en materia de salud y alimentación, la falta de controles suele pagarse con riesgos sanitarios a largo plazo.
