Los gobiernos locales de la República Argentina, representados por la Federación Argentina de Municipios (FAM), marcharon hacia el Ministerio de Economía y presentaron un documento en el que advierten sobre la delicada situación económica, fiscal y social que atraviesan sus territorios.
En el texto, los intendentes e intendentas remarcaron que los municipios son “el primer mostrador de la democracia”, ya que las variables macroeconómicas impactan directamente en la vida cotidiana: la caída del consumo, las dificultades para sostener la producción, la presión sobre los sistemas de salud y asistencia, los problemas de acceso al transporte y el aumento de la demanda social.
En ese marco, señalaron que existe una combinación de factores que está afectando directamente la capacidad de gestión local: disminución de recursos, incremento de costos, eliminación de herramientas de acompañamiento productivo y el impacto creciente sobre los sectores más vulnerables.
Petición
A partir de este diagnóstico, las y los jefes comunales exigieron la revisión y el fortalecimiento del esquema de coparticipación federal y la normalización del envío de recursos nacionales como así también de la entrega de alimentos a los sectores más necesitados. También, solicitaron la restitución o compensación de subsidios eliminados, medidas para mitigar el impacto del gasoil en el transporte público y la reactivación de políticas de apoyo a la industria, las pymes y las economías regionales.
Además, pidieron garantizar el acceso a medicamentos para jubilados, fortalecer las políticas destinadas a personas con discapacidad, asegurar mayor transparencia en la distribución de recursos estratégicos y avanzar en la creación de una mesa de trabajo permanente entre el Ministerio de Economía y la FAM.
De ese modo, hicieron hincapié en la situación fiscal, al detallar una serie de factores críticos. Entre ellos, la caída de la coparticipación federal, que en los primeros tres meses del año registró una baja del once por ciento y que, sumada a las caídas de 2024 y 2025, acumula un descenso del 21 por ciento hasta marzo.
Asimismo, cuestionaron la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), al denunciar que el Gobierno los estaría utilizando “con absoluta discrecionalidad” sin cumplir su finalidad original, por lo que reclamaron que se distribuyan de la misma forma que la coparticipación entre provincias y municipios.
Otro de los puntos destacados es la eliminación de subsidios que impactaron en servicios esenciales. Según advirtieron, el aumento de tarifas de luz y gas dificultó el pago de servicios básicos para muchas familias, mientras que la quita de subsidios al transporte público derivó en subas de tarifas, deterioro del servicio e incluso el cierre de empresas del sector.
A su vez, enfatizaron que hasta el 31 de marzo el Gobierno nacional recaudó 1,5 billones de pesos por el Impuesto a los Combustibles, recursos que, según plantearon, no se están utilizando ni para reducir el precio de los combustibles ni para realizar obras viales. A esto, sumaron la falta de transferencia efectiva de fondos vinculados al transporte y el impacto del aumento del gasoil en el sostenimiento del servicio público.
