En el marco de la causa que tramita ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N°1 de Mar del Plata, las declaraciones testimoniales de las ex autoridades de la Asociación Vecinal de Fomento Faro Norte, Andrea Trueba y Ruth Mosqueda, arrojaron nuevos elementos sobre el proceso que derivó en la cesión de un predio público a la destilería de gin Restinga, perteneciente a la firma Burbarrel S.A.
Según surge de los testimonios, la entidad vecinal habría sido utilizada como una “pantalla” para viabilizar un beneficio privado, en un proceso que omitió instancias de consulta comunitaria y desatendió el valor histórico del lugar, vinculado a políticas de Memoria, Verdad y Justicia.
El origen del trámite: una firma sin control
Uno de los puntos más relevantes de las declaraciones fue el reconocimiento de que la nota que dio inicio al expediente no fue elaborada por la propia asociación. Las testigos señalaron que concurrieron a una escribanía para firmar un documento cuyo contenido no recordaban con precisión.
Andrea Trueba, quien se desempeñaba como presidenta al momento de los hechos, identificó a Matías Iriarte como el impulsor de la propuesta y admitió la falta de autonomía en el proceso: “Me acuerdo que nos juntamos con la gente de la Restinga y firmamos un documento para solicitarlo…”.
Promesas que no se sostienen
El contenido de la nota presentada al Municipio de General Pueyrredon indicaba que el predio sería destinado a actividades sociales, culturales y deportivas. Sin embargo, durante sus declaraciones, las ex autoridades no lograron precisar en qué consistían dichas iniciativas.
Entre las principales inconsistencias señaladas:
-Cesión total encubierta: Aunque el documento hablaba de una cesión parcial, Mosqueda indicó que el proyecto contemplaba apenas un espacio gastronómico y un sendero hacia la playa.
-Desconocimiento del alcance: Trueba expresó dudas sobre si la cesión abarcaba la totalidad del predio.
-Ausencia de propuesta educativa: Mosqueda reconoció que no existía ningún proyecto educativo, en contradicción con lo informado oficialmente.
Falta de participación vecinal
Otro de los aspectos cuestionados fue la ausencia de mecanismos democráticos dentro de la asociación. Las testigos confirmaron que el proyecto nunca fue sometido a una Asamblea de Socios ni comunicado formalmente a los vecinos del barrio.
El análisis de la propuesta se limitó a reuniones informales entre Trueba y el propio Iriarte, sin instancias institucionales que avalaran la decisión.
Asimismo, se evidenció la falta de beneficios concretos para la entidad vecinal. El canon de tres millones de pesos mencionado en la nota original —y luego replicado en el convenio con la empresa— sugiere que no existió una contraprestación real para la asociación, pese a las necesidades que sus propias autoridades describieron.
Un predio con valor histórico ignorado
Las declaraciones también pusieron en evidencia que la asociación no realizó verificaciones sobre el carácter del predio, señalado como parte del circuito de Centros Clandestinos de Detención durante la última dictadura.
Trueba reconoció no haber investigado sobre ese aspecto, mientras que Mosqueda afirmó haberse enterado de iniciativas impulsadas por organismos de derechos humanos —como la creación de un parque de las infancias— cuando el conflicto ya había alcanzado la instancia judicial.
Denuncias que se refuerzan
Este entramado de testimonios refuerza las denuncias de vecinos y organismos de derechos humanos, quienes sostienen que se utilizó a una institución comunitaria para encubrir un emprendimiento privado sobre tierras de alta sensibilidad histórica y social.
La causa judicial continúa su curso y podría tener implicancias tanto administrativas como políticas en torno al proceso de cesión del predio.
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