En diálogo con Radio Voz, la concejal radical Marina Condino trazó un diagnóstico crítico sobre el funcionamiento actual del Concejo Deliberante de Tandil, marcado -según describió- por la fragmentación política, la dificultad para alcanzar consensos y una creciente mirada electoral puesta en el 2027 que condiciona el trabajo legislativo cotidiano.
La edil sostuvo que, si bien las comisiones y las sesiones funcionan y los expedientes llegan al recinto, el proceso para lograr acuerdos es hoy más complejo. Explicó que, con la actual conformación en cuatro bloques y sin mayorías automáticas, cada iniciativa necesita del respaldo de al menos dos espacios con volumen político para avanzar. En ese contexto, reconoció que muchas propuestas quedan en el camino no tanto por su contenido, sino por especulaciones partidarias vinculadas al costo político de acompañarlas o rechazarlas. «A veces ni siquiera se piensa en lo que dice el texto, sino en la repercusión hacia dentro de cada partido», advirtió, al tiempo que consideró que esta dinámica obliga a todos los sectores a hacerse responsables de lo que se aprueba y de lo que no.
Condino también puso el foco en el clima político atravesado por las proyecciones electorales. Señaló que desde 2023 el Concejo funciona con la mirada puesta en 2027 y que esa lógica se profundizó con el paso del tiempo. A su entender, muchas ordenanzas se piensan como herramientas de posicionamiento personal más que como soluciones concretas para la ciudad. «El Concejo Deliberante se convierte en una vidriera», afirmó, en referencia a dirigentes que buscan instalar su figura como futuros candidatos. No obstante, remarcó que la gestión municipal debe entenderse como una continuidad y que las decisiones actuales impactarán en cualquier gobierno que asuma en el futuro.
En esa línea, defendió la necesidad de priorizar políticas de largo plazo por sobre la coyuntura electoral. Consideró que sería más inteligente avanzar en proyectos estructurales que sirvan tanto al oficialismo como a una eventual futura gestión, en lugar de frenar iniciativas por conveniencia política. «La ciudad no empieza de cero en 2027», enfatizó.
Uno de los ejes más contundentes de la entrevista fue su postura frente a proyectos de la oposición que buscan prohibir actividades callejeras, como la de los cuidacoches. Condino cuestionó el enfoque punitivo y aseguró que este tipo de iniciativas suelen estar pensadas para generar impacto en redes sociales más que para resolver problemas reales. «La palabra ‘prohibir’ pega bien, genera likes, pero no soluciona nada», afirmó.
Desde su perspectiva, el abordaje del fenómeno debe ser integral y no limitarse a una ordenanza. Explicó que el Departamento Ejecutivo ya trabaja en el tema a partir de un relevamiento de las personas en situación de calle y de quienes realizan estas actividades, con el objetivo de conocer sus realidades particulares. En ese sentido, planteó que detrás de cada caso puede haber problemáticas sociales, económicas o de salud que requieren intervención del Estado.
Además, advirtió sobre las limitaciones legales de una eventual prohibición. Señaló que la Municipalidad no tiene facultades para detener personas que no cometen delitos y que muchas de las conductas que se buscan erradicar -como la extorsión- ya están contempladas en el Código Penal. Por eso, consideró que avanzar directamente con una prohibición, sin definir mecanismos de aplicación ni sanciones claras, puede derivar en normas incompletas o inaplicables.
También cuestionó las contradicciones de algunos planteos que, por un lado, promueven reducir el Estado y, por otro, le asignan la responsabilidad de contener a quienes quedarían excluidos por estas medidas. «Si sacás a una persona de la calle, algo tiene que hacer con su vida. Y alguien se tiene que hacer cargo», remarcó, al tiempo que defendió la intervención articulada entre áreas municipales, organismos nacionales y, cuando corresponde, el sistema judicial.
Por último, subrayó que antes de legislar es necesario agotar instancias de análisis, diálogo y trabajo territorial. A su entender, una ordenanza debe ser el resultado de un proceso previo y no un punto de partida. «No se puede prohibir sin saber qué hacer después con esa persona», concluyó.
