A través del Decreto 253/2026, publicado este viernes en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo realizó una nueva “delegación”.
En este caso, con el otorgamiento de «concesiones de obra pública por peaje» de rutas de competencia nacional a un núcleo de provincias: “Corrientes, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, Río Negro, Neuquén, San Juan y Santa Cruz”.
El camino es conocido: el vínculo de la gestión de Javier Milei con la “corrupción” a las obras públicas, hizo que abandone casi totalmente, entre otras cosas, el mantenimiento de los caminos que le corresponden.
El argumento oficial de la decisión es “mejorar la gestión pública y el desarrollo económico local” y “promoviendo una mayor descentralización”.
Desde ahora, cada provincia podrá “gestionar la administración, reparación, ampliación, conservación y mantenimiento de tramos de rutas nacionales en su territorio” y contar con más “eficiencia en la infraestructura vial”.
El Decreto autoriza a los distritos a “suscribir convenios con la Dirección Nacional de Vialidad” y se aclara que “la delegación es temporal y revocable”. La normativa deja en claro que se firma pero “manteniendo la titularidad del Estado Nacional sobre los caminos involucrados, garantizando el control técnico».
