En los últimos días, distintas escuelas de Tucumán amanecieron con una misma inscripción: “tiroteos en escuelas”. No fue un hecho aislado ni una simple travesura. Se suma a una serie de episodios que vienen creciendo desde hace meses: estudiantes que ingresan con armas, amenazas que circulan entre cursos, intervenciones policiales dentro de instituciones educativas e incluso el traslado de un adolescente a la cárcel de Benjamín Paz.
Lo que empieza a configurarse no es una suma de casos desconectados, sino un clima. Una señal de alarma que recorre las escuelas y que no puede explicarse mirando solo lo que ocurre dentro de ellas.
En Tucumán, como en gran parte del país, la vida cotidiana de amplios sectores viene marcada por el deterioro de las condiciones materiales. Salarios que pierden frente a la inflación, trabajos cada vez más inestables, dificultades crecientes para sostener lo básico. En miles de hogares, sostener la vida diaria se vuelve un esfuerzo permanente. Esa realidad no queda afuera de la escuela: la atraviesa y se expresa en los vínculos, en los conflictos y en la forma en que se habita ese espacio.
Diversos relevamientos sobre convivencia escolar muestran que las situaciones de agresión y hostigamiento no son excepcionales, sino parte de una trama cotidiana. Pero reducir lo que ocurre a una cuestión de conductas individuales o “violencia escolar” es no querer ver el problema de fondo. Lo que aparece en las aulas es también la forma en que una generación procesa las condiciones en las que le toca vivir: presiones, incertidumbres y tensiones que encuentran distintas formas de manifestarse.
Las amenazas, las pintadas y algunos de los episodios más extremos deben leerse en ese marco. No para justificarlos, sino para comprender que no surgen de la nada. Son parte de un contexto social que se deteriora y que impacta de lleno sobre la juventud.
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Frente a esto, el gobierno de Osvaldo Jaldo eligió un camino claro: reforzar el control y descargar la responsabilidad hacia abajo. El decreto firmado el 15 de abril no solo habilita la intervención policial en las escuelas, sino que instala una lógica más profunda. Coloca sobre docentes y directivos la responsabilidad de “garantizar el orden”, bajo amenaza de sanciones y pérdida de financiamiento, y abre la puerta a medidas como la expulsión de estudiantes o su traslado a instituciones de encierro.
La escuela empieza así a ser tratada como un espacio a vigilar, y no como un ámbito donde intervenir sobre los problemas que la atraviesan. Y la juventud aparece, en ese esquema, más como objeto de control que como sujeto atravesado por una crisis social.
Incluso en sus propios términos, la respuesta oficial resulta contradictoria. Se habla de cuidado mientras se habilitan mecanismos de exclusión. Se apela a la responsabilidad de las familias sin considerar las condiciones en las que esas familias viven. Se pretende ordenar lo que es, en realidad, la expresión de un desorden social más amplio.
No se trata de un error de diagnóstico, sino de una orientación política. Jaldo y el peronismo tucumano gobiernan en sintonía con el rumbo de Javier Milei, votando sus leyes y sosteniendo un ajuste que golpea a las mayorías. En ese marco, el decreto no es una excepción: es la forma en que ese proyecto se expresa en el terreno educativo. Frente a una crisis que el propio sistema genera, la respuesta es disciplinar a quienes la padecen.
Lo que ocurre en las escuelas no puede pensarse por fuera de esta discusión más amplia. La juventud no es el problema a resolver, sino uno de los sectores más atravesados por las consecuencias de este modelo social. Cuando esas tensiones irrumpen, la salida no puede ser convertir a las escuelas en espacios de vigilancia ni responder con expulsiones o encierro.
La discusión de fondo es otra. Tiene que ver con qué lugar ocupa la juventud en esta sociedad y qué perspectivas se abren hacia adelante. Porque cuando lo que predomina es la precariedad, la incertidumbre y el control, el conflicto no desaparece: se transforma, se desplaza, reaparece.
La juventud no necesita ser vigilada ni castigada: necesita poder disputar el sentido de su propio futuro. Y eso no va a venir de los mismos gobiernos que administran la crisis y refuerzan sus consecuencias.
Porque el problema no es solo la falta de políticas, sino los límites de un sistema que ya no puede ofrecer condiciones de vida dignas para amplios sectores. Cuando eso ocurre, el malestar aparece. Y también la necesidad de organizarse para enfrentarlo.
No se trata de adaptarse a este orden, sino de cuestionarlo. No de gestionar mejor la crisis, sino de transformarla desde sus raíces.
Porque frente a un presente atravesado por el ajuste, la precariedad y el control, la salida no es individual ni disciplinaria: es colectiva, y pasa por pelear por otro futuro.
