En año pre electoral, opositores y aliados vuelven a la carga con Ficha Limpia, la iniciativa para que condenados no puedan ser candidatos, que quedó trunca el año pasado en un confuso episodio. Esta semana, el bloque del PRO presentó un proyecto en el Senado, mientras en Diputados hicieron lo mismo la bancada de Unidos, la Coalición Cívica y la radical Karina Banfi.
¿Por qué tanta coincidencia? «Es una sincronicidad que armamos con el movimiento de Ficha Limpia», reconoce un legislador que hace años trabaja con esta causa. Las Organizaciones de la Sociedad Civil se contactaron con ellos, que volvieron a presentar las iniciativas.
El año pasado, por primera vez, la iniciativa -que es empujada desde 2016 en el Congreso- había logrado pasar el filtro de Diputados y cuando se encaminaba a convertirse en ley en el Senado, sorpresivamente los dos misioneros Sonia Rojas Decut y Carlos Arce -que venían moviéndose como aliados de LLA- votaron en contra a pesar de que habían dicho que estaban a favor y se retiraron rápidamente de la sesión.
En ese entonces trascendió que el ex gobernador y líder del Frente Renovador de la Concordia, Carlos Rovira, había reconocido que el oficialismo se lo había pedido. Javier Milei lo negó rotundamente. Los misioneros nunca explicaron.
En el medio, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni hizo una conferencia en la que le echó la culpa al PRO y a Silvia Lospennato -que en ese momento era la candidata de la elección porteña- por «impericia». «Fueron los mismos senadores del PRO quienes, sin esperar a la firma del documento, apuraron las cosas y bajaron al recinto a votar, persiguiendo vaya a saber uno qué especulación electoral»
Ahora que La Libertad Avanza pasó de 6 senadores a tener 21, los números ya no deberían ser un impedimento para el oficialismo si quiere avanzar con el tema.
Los proyectos
El primero lo presentó la santafesina Gisela Scaglia, junto a otros miembros del interbloque Unidos que preside. El texto plantea que no podrán postularse quienes tengan condenas confirmadas por corrupción, fraude contra el Estado, lavado de activos, abuso, trata de personas, narcotráfico, delitos contra la vida, la integridad física y el orden constitucional. También incorpora como causal de inelegibilidad a los deudores alimentarios morosos.
«Quienes tengan condenas confirmadas en segunda instancia por corrupción, narcotráfico o delitos graves no podrán ser candidatos ni ocupar cargos en el Estado», plantea el texto del PRO del Senado y agrega: «Además crea un Registro Público en la Cámara Nacional Electoral para asegurar su aplicación automática».
«Durante diez años promovimos, debatimos, peleamos y llevamos al Recinto en varias oportunidades este proyecto para que sea ley. En este nuevo periodo parlamentario, sigo comprometida con la integridad de los funcionarios y servidores públicos para representar a la ciudadanía y tener un nuevo debate», apuntó Banfi.
«Vamos a trabajar junto al resto de los diputados para que esta vez sea ley», agregó por su parte Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica.
