El Ejecutivo envió proyectos al Congreso para modificar la ley vigente y reforzar auditorías en beneficios sociales. Buscan ampliar herramientas de intervención y ordenar el sistema.
El Gobierno nacional envió al Congreso de la Nación Argentina dos proyectos de ley que apuntan a reformar el sistema de salud mental y a endurecer los controles sobre las pensiones no contributivas por invalidez.
Las iniciativas fueron definidas tras una reunión en la Casa Rosada encabezada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y forman parte de un paquete orientado a reorganizar áreas clave del gasto público y mejorar la respuesta del sistema sanitario.
Reforma de la ley de salud mental: nuevos criterios y más intervención
Uno de los proyectos busca actualizar la normativa vigente en materia de salud mental, con foco en mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones críticas.
Entre los principales cambios, se propone reemplazar el concepto de “padecimiento mental” por categorías alineadas con la Organización Mundial de la Salud, incorporando el enfoque de trastornos mentales o del comportamiento.
Además, se plantea reforzar el rol de los médicos, especialmente de los especialistas en psiquiatría, dentro de los equipos interdisciplinarios.
Internaciones involuntarias: amplían el criterio de riesgo
El proyecto también introduce modificaciones en los criterios para internaciones involuntarias.
En lugar del actual requisito de “riesgo cierto e inminente”, se propone el concepto de “riesgo grave de daño” para la persona o terceros, lo que ampliaría las posibilidades de intervención preventiva.
La internación seguirá siendo considerada un recurso excepcional, con evaluación interdisciplinaria, participación de al menos un psiquiatra y notificación judicial obligatoria.
También se habilita la atención en hospitales generales, centros especializados y clínicas privadas, y se establece que rechazar pacientes por motivos de salud mental será considerado un acto discriminatorio.
Diagnóstico oficial: desigualdad en servicios y aplicación de la ley
Desde el Ejecutivo señalaron que existen dificultades en la implementación de la normativa actual, ya que solo 16 jurisdicciones adhirieron formalmente.
Además, se detectaron fuertes desigualdades en la disponibilidad de servicios y camas de internación en todo el país.
El relevamiento incluyó aportes de pacientes, familiares y profesionales, quienes advirtieron sobre problemas operativos y vacíos en la gestión de casos críticos.
Pensiones por invalidez: auditorías, controles y reempadronamiento
El segundo proyecto se enfoca en las pensiones no contributivas por invalidez, con el objetivo de reforzar los mecanismos de control.
Según datos oficiales, estos beneficios pasaron de 76.000 en 2003 a cerca de 1,2 millones en 2023, lo que motivó la implementación de auditorías.
La iniciativa propone:
- Reempadronamiento obligatorio de beneficiarios
- Cruce de datos entre organismos estatales
- Auditorías periódicas
- Suspensión de beneficios ante irregularidades
Cambios en montos y compatibilidades
El texto también establece que la pensión equivaldrá al 70% del haber mínimo jubilatorio y fija incompatibilidades con el empleo formal.
Desde el Gobierno sostienen que el objetivo es ordenar el sistema, corregir desvíos en la asignación de recursos y garantizar que los beneficios lleguen a quienes cumplen con los requisitos legales.
