Cincuenta años después del terremoto de 1976, diversas instituciones guatemaltecas advierten que el país no está preparado para enfrentar un desastre sísmico de magnitud similar.
La Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN) organizó recientemente un encuentro de expertos cuyo análisis concluyó que, lejos de haber mejorado, las condiciones actuales podrían incluso agravar el impacto de una catástrofe.
Las brechas en infraestructura, vivienda y servicios esenciales, sumadas a la falta de cultura de prevención, aumentan el nivel de vulnerabilidad ante una emergencia nacional, según se expuso en el evento citado por SEGEPLAN.
En ese contexto, el subsecretario de Inversión para el Desarrollo, Enrique Maldonado, presentó cifras que dimensionan el desafío pendiente.
El terremoto de 1976 causó 23,000 fallecidos, 77,000 heridos y 1.2 millones de personas sin hogar, lo que afectó a uno de cada cinco guatemaltecos y destruyó 222,000 viviendas.
El déficit habitacional pasó de 300.000 a 500.000 viviendas en solo un año, de acuerdo con datos oficiales. Actualmente, la carencia de vivienda alcanza las 2,5 millones de unidades, mientras que 4 millones de personas carecen de acceso a agua potable, 2 millones de viviendas no tienen drenaje, y 500,000 viviendas permanecen sin electricidad, según cifras expuestas en el evento de SEGEPLAN.
Con este panorama, especialistas convocados advirtieron que un sismo de características semejantes provocaría daños sociales y económicos más graves que en la década de 1970.
El crecimiento poblacional, el déficit crónico de servicios básicos y la infraestructura vulnerable en áreas urbanas marginales, junto con la insuficiencia de los sistemas de salud y la ausencia de un censo actualizado de escuelas, elevan el riesgo de impacto.
Estos datos llevaron a Maldonado a remarcar lo siguiente: “evidentemente como país no estamos preparados para un evento así: no tenemos la cultura de prevención, las herramientas, los escenarios ni los protocolos adecuados”, según consignó SEGEPLAN. Además, el funcionario resaltó la urgencia de “fortalecer la inversión pública, priorizar infraestructura resiliente y mejorar sistemas de respuesta y prevención”.
El investigador Jean Roch Lebeau indicó ante la audiencia de SEGEPLAN que el riesgo en Guatemala está determinado por la territorialidad y no solo por la naturaleza.
La expansión urbana desordenada y la falta de planificación aumentan la exposición de la población a eventos catastróficos. Según Lebeau, el ordenamiento territorial debe ser visto como una política de seguridad nacional, al afirmar: «regular el territorio no es un requisito administrativo, es decidir anticipadamente donde se expone la vida y donde se protege“.
En el mismo evento, Ernesto Paiz y Raúl Salguero, especialistas en Reducción del Riesgo a Desastres, presentaron el modelo de riesgo PREPARE desarrollado por Miyamoto International y Global Communities.
Este trabajo incluyó una simulación sobre un área de 25 km² de la Ciudad de Guatemala, estimando cuántas estructuras podrían colapsar y cuántas personas podrían resultar fallecidas, heridas o rescatadas. Los resultados de este modelo permiten definir parámetros fundamentales para la preparación y la prevención ante un sismo.
Por su parte, Antonio Palencia, director de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), expuso las políticas impulsadas en desarrollo urbano y vivienda.
Detalló el avance en la Política de Mejoramiento Integral de Barrios, el Registro de Asentamientos Informales, la Política Nacional de Desarrollo Urbano, la Política Nacional de Vivienda y el Código de construcción. Palencia aseguró que estos instrumentos normativos son decisivos para la gestión de riesgos en el hábitat urbano guatemalteco.
Durante el evento, Diana Osorio, directora de Planificación Territorial de SEGEPLAN, explicó que la meta de la jornada fue recoger aportes técnicos, evidencia empírica y análisis académico que permitan a las autoridades tomar decisiones informadas frente a posibles desastres.
Francisco Ericastilla, coordinador de la Brigada de Atención de Emergencias, expuso que el encuentro permitió identificar carencias en la planificación de la prevención del riesgo de desastres, lo cual debe guiar la programación institucional de la Secretaría.
A medio siglo del terremoto de 1976, Guatemala enfrenta un déficit estructural que pone en duda su capacidad de reacción institucional ante un evento sísmico de gran escala.
Las cifras reunidas en el evento de SEGEPLAN subrayan la magnitud del desafío: uno de cada cinco guatemaltecos fue afectado en 1976, y la crisis habitacional y de servicios básicos se ha agravado desde entonces.
La ausencia de prevención y resiliencia implica que una catástrofe actual podría provocar daños comparables o incluso superiores a los registrados hace cinco décadas.
