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Collboni reclama ante el comisario europeo de Vivienda más fondos y empoderar a las ciudades

Carlos Márquez Daniel

Barcelona

“Para demasiados europeos, la vivienda se ha convertido en una fuente de ansiedad”, aseguraba la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a finales del año pasado. Del mismo modo que hubo una respuesta comunitaria para hacer frente al covid, las autoridades europeas se han dado cuenta de que la crisis habitacional no es ni flor de un día ni un fenómeno aislado. Es un aprieto global que ha sacado a la institución de su zona de confort, hasta el punto de que se ha creado, por primera vez, el cargo de comisario de Vivienda, una condición del grupo socialdemócrata para que Von der Leyen pudiera seguir en el puesto. La persona que ocupa esa plaza desde noviembre del 2024 es el danés Dan Jørgensen, que este lunes se ha reunido con el alcalde de Barcelona para intercambiar impresiones de cara a la redacción de la primera ley europea que tendrá como objeto quitar tensión a la emergencia residencial. Buena sintonía y palabras amables, pero mucho por concretar, como por ejemplo, el dinero que debe llegar directamente a las ciudades para poder hacer frente al problema. 

Jaume Collboni ha sacado pecho de todas las normativas estatales, catalanas y municipales que ya están en marcha; básicamente la regulación de los alquileres (incluidos los de temporada) y la futura cancelación de las licencias de apartamentos turísticos en la ciudad. “Pero no son suficientes -ha aseverado el líder del PSC- y es una crisis que compartimos con muchas ciudades que requiere de una respuesta europea”. Dos cosas le ha pedido el alcalde a Jørgensen: “Regulación y recursos”. “Se hace difícil -ha compartido el alcalde- que tengas una ley y un plan pero no la financiación para poder llevarlo a cabo”.

Hoja de ruta

El responsable comunitario avala regular el “enorme problema” que suponen los pisos turísticos

Para lo primero, el comisario ha explicado que está en modo aprendizaje tratando de conocer las experiencias de ciudades como Barcelona, “una de las que están haciendo cosas -ha elogiado- y que con más fuerza están afrontando este problema”. La ley se está redactando y no ha aportado detalles, pero sí ha dicho que será una normativa “que permita a lo que ya hacen cosas ir hacia delante, no hacia atrás”, en referencia a las medidas ya en marcha en urbes como la capital catalana. Preguntado sobre la eliminación de los pisos turísticos, el comisario ha admitido que son “un enorme problema en toda la Unión Europea” y ha asegurado que el concepto de zona tensionada es “una base muy buena” sobre la que empezar a marcar las nuevas reglas del juego. No se ha mojado sobre el veto total en Barcelona, pero sí ha avalado actuar de algún modo.

Collboni y Jørgensen, en la galería gótica del Ayuntamiento

Collboni y Jørgensen, en la galería gótica del AyuntamientoÀlex Garcia

Más allá de lo que estará o no permitido en el ámbito comunitario, Collboni ha reclamado recursos para poder seguir invirtiendo en la reversión de la crisis habitacional. O más bien, la renovación del flujo europeo hacia las ciudades en materia de vivienda, ya que en el periodo 2023-2027, desde Europa han llegado a Barcelona 310 millones de euros: 130 millones asociados a los fondos Next Generation y 180 millones financiados desde el Banco Europeo de Inversiones (BEI). El propio plan europeo presentado en diciembre dibujaba un panorama ciertamente desolador a nivel de carestía presupuestaria. “Son necesarios más de dos millones de hogares cada año para hacer frente a la demanda; esto tiene un coste de 150.000 millones anuales”, reza el documento. 

La financiación y la ley son dos de las tres reclamaciones que el alcalde ha expuesto ante el comisario. La que falta es el respeto al principio de subsidiariedad, esto es, “mantener la autonomía local y nacional a la hora de aplicar las políticas regulatorias”. “Las ciudades somos las que estamos en el kilómetro 0 de la crisis de la vivienda y las que estamos liderando este proceso”, ha defendido Collboni. 

El comisario Jørgensen han insistido en la idea de que el problema de la vivienda es un desafío comunitario que, además, afecta a las clases medias. Ha puesto un par de ejemplos: “En muchas ciudades, trabajadores normales, como maestras o policías, no son capaces de vivir con la gente a la que sirven porque no ganan lo suficiente. Vemos también cómo los jóvenes no son capaces de dejar de vivir con sus padres porque no encuentran un lugar asequible”.

Redacción

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