Gremios docentes, autoridades académicas y estudiantes intensifican las medidas de fuerza ante la falta de financiamiento. Habrá una semana completa de paro a fines de abril mientras crece la tensión con el Gobierno.
La disputa entre el sistema universitario público y el Gobierno nacional atraviesa un momento decisivo. En un contexto de creciente tensión, representantes de rectorados, sindicatos y centros de estudiantes avanzan en la organización de una nueva movilización federal que se anticipa masiva, al tiempo que confirmaron un paro de actividades que se extenderá del 27 al 30 de abril en todo el país.
El conflicto se profundizó luego de que el Ejecutivo no cumpliera con los plazos establecidos por la Justicia para la transferencia de fondos correspondientes a salarios y becas. Pese a los fallos de primera instancia y de Cámara que ordenaron la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario, la administración de Javier Milei decidió avanzar con recursos judiciales ante la Corte Suprema para evitar su aplicación.
Desde el ámbito universitario advierten que la situación es crítica. Dirigentes sindicales sostienen que existe un deterioro sostenido del presupuesto que impacta directamente en el funcionamiento de las casas de estudio. En esa línea, la secretaria general de Conadu Histórica, Francisca Staiti, cuestionó la política oficial al considerar que responde a un modelo que “reduce el rol de la universidad pública” y limita su capacidad como herramienta de movilidad social.
La ley en disputa, aprobada por el Congreso y posteriormente ratificada tras un veto presidencial, continúa sin ejecutarse. Frente a este escenario, las universidades recurrieron a la Justicia, que ya emitió resoluciones favorables a su implementación. Sin embargo, el conflicto sigue abierto y amenaza con escalar.
Los gremios docentes estiman que los salarios han perdido un fuerte poder adquisitivo en los últimos meses y reclaman una recomposición cercana al 55% para recuperar niveles de fines de 2023. Denuncian además que una porción significativa del plantel docente percibe ingresos muy por debajo de la canasta básica, lo que agrava la crisis del sector.
En paralelo, el Gobierno analiza alternativas para reformular el esquema vigente. Entre las opciones en estudio figura el envío de un nuevo proyecto de ley al Congreso con un impacto fiscal menor, así como la posibilidad de aplicar incrementos de manera parcial y progresiva. Estas iniciativas son vistas con preocupación por la comunidad educativa, que teme un recorte aún mayor de recursos.
Desde la Universidad de Buenos Aires, el vicerrector Emiliano Yacobitti advirtió que el sistema “ya no puede sostenerse en estas condiciones”. Según explicó, la falta de financiamiento está generando una salida constante de docentes e investigadores, lo que pone en riesgo la calidad educativa y el desarrollo científico.
El impacto, subrayan, trasciende el ámbito académico. La reducción de recursos afecta la formación de profesionales clave, como médicos y científicos, lo que podría tener consecuencias directas en áreas sensibles como la salud pública o la investigación ante futuras emergencias sanitarias.
En este contexto, las autoridades universitarias no descartan nuevas medidas si no hay avances concretos. Mientras tanto, insisten en la necesidad de abrir canales de diálogo con el Ejecutivo que permitan encontrar una salida negociada. “Cada día sin conversaciones es una oportunidad perdida”, señalaron.
Aunque aún existe una ventana de tiempo para evitar una nueva movilización de alcance nacional, el margen es cada vez más acotado. Si no se logra un acuerdo en las próximas semanas, el conflicto podría escalar con mayor intensidad y sumar respaldo social en todo el país.
