El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) comunicó la cancelación de la licencia ambiental del proyecto Ampliación Campus Universitario Viaducto del Periférico Universitario acceso norte, Universidad de San Carlos, zona 12 Guatemala el 20 de abril de 2026, después de concluir que dicha licencia había sido otorgada bajo una categoría de impacto ambiental menor que la requerida por la normativa vigente. Según la autoridad, este caso fue denunciado ante el Ministerio Público.
El Ministerio de Cultura y Deportes (MICUDE) notificó la terminación del convenio de investigación y rescate arqueológico 04-2026 porque los proyectos de infraestructura universitaria implicados no cumplían con los procedimientos legales pertinentes, de acuerdo con lo señalado por ambas entidades.
Por otra parte, el proyecto Ampliación Campus Universitario Torre de Parqueos, también impulsado por la Universidad de San Carlos de Guatemala, no cuenta con licencia ambiental, según especificó el MARN. Estos incumplimientos de la regulación ambiental dieron lugar a la suspensión de los procesos administrativos relacionados.
La revocación de la licencia ambiental para el proyecto del viaducto y la suspensión del convenio entre la Universidad de San Carlos de Guatemala y el Ministerio de Cultura y Deportes marcan un giro en la gestión universitaria guatemalteca, con consecuencias directas sobre la continuidad de la virtualidad y el control institucional. Estas medidas fueron resultado de acciones de fiscalización, según el diputado José Chic de la bancada VOS, quien sostuvo en sus redes sociales que “no hay excusas para que continúen con la virtualidad”. Tras la difusión de comunicados oficiales, ambas instituciones anunciaron la terminación del acuerdo y la presentación de denuncias relacionadas con la cancelación de los permisos ambientales.
El diputado solicitó auditorías ambientales, lo que llevó a “que el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales revoque la licencia ambiental que tenían para el proyecto del viaducto”. Desde esa revocatoria, la continuidad de las obras quedó jurídicamente imposibilitada.
Como impacto directo, se presentaron denuncias ante las autoridades competentes y se formalizó la finalización del convenio entre la USAC y el Ministerio de Cultura y Deportes. Chic puntualizó que el Ministerio comunicó la medida, señalando que “ya no hay convenio entre la USAC y el Ministerio de Cultura y Deportes”.
La revocación afecta la posibilidad de que la universidad mantenga la virtualidad como formato principal de enseñanza. Chic argumenta que la virtualidad fue implementada tras un supuesto “fraude cometido por Walter Mazariegos y su grupo el 8 de abril”, y afirma que miembros de la comunidad universitaria han solicitado amparo judicial para frenar la continuidad de la educación virtual.
El Congreso citó al Ministerio de Cultura y Deportes, al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, a la Contraloría General de Cuentas y a la USAC para la próxima semana, con el objetivo de obtener detalles sobre la revocatoria de las licencias, el fin del convenio y el rumbo de la gestión universitaria pública, en respuesta a demandas de transparencia y legalidad.
De acuerdo con Chic, la fiscalización ha resultado efectiva como mecanismo de control, al indicar: “La fiscalización funciona y vamos a seguir accionando por defender los derechos de la comunidad universitaria”. La consecuencia más inmediata es la terminación del acuerdo que permitía la virtualidad y la ejecución de proyectos relacionados.
La situación actual de la Universidad de San Carlos de Guatemala implica la eliminación del respaldo institucional para la educación virtual, el requerimiento de auditorías ambientales y un compromiso de vigilancia constante del Congreso sobre las autoridades universitarias y ministeriales involucradas en los acontecimientos recientes.
