Hace menos de dos años, compró un ático en La Llagosta por 100.000 euros a un fondo buitre sabiendo que había gente viviendo dentro. En concreto, su anterior propietaria en los últimos 18 años, Toñi Barrionuevo, su hijo de 17 años y su perro Thor. Durante varios años, Toñi, de 50 años y conocida cariñosamente como Cuca, pagó su hipoteca de 700 euros mensuales con el que entonces era su marido. Luego, cuando se divorciaron, él dejó de pagar, ella negoció con el Banc Sabadell y la entidad impuso una dación en pago y un alquiler social “de unos 200 euros”. Después, el banco vendió la vivienda a un fondo de inversión y la mujer siguió pagando esa cuota social durante tres años más.
“Vino gente del fondo buitre y, de malas maneras, me amenazaron para que marchase. Pero los llevé a juicio y se demostró que nunca he dejado de pagar y la jueza dijo que se debía de mantener ese alquiler social”. La magistrada, según la documentación consultada por este diario, tuvo en cuenta la situación de vulnerabilidad de esta familia monomarental para que siguiese el alquiler.
El edil de Urbanismo que compró la vivienda, afirma que “me dijeron que esto se resolvería pronto”
En 2024, Barrionuevo descubrió que la venta de su ático se había anunciado en un portal inmobiliario, con su familia dentro, y con un claro destacado “para inversión”. El comprador se lo quedó por un precio de ganga, ya que un piso similar –tres habitaciones, salón, cocina, baño y una gran terraza con barbacoa– se ha vendido por más de 250.000 euros. La situación sorprende cuando descubre que el nuevo dueño es el concejal de Urbanismo de La Llagosta, el arquitecto Marc Ruiz (PSC), cuya madre vive en el mismo bloque.
En las últimas semanas la polémica se ha vivido con intensidad. Para hoy martes a las 10.30 horas había una orden de desahucio conta la inquilina, que finalmente se ha postpuesto al próximo 25 de mayo, gracias al apoyo vecinal. Els Comuns y el PP, en la oposición, han pedido la dimisión de Ruiz. La versión del edil, de 34 años, es otra. “Después de varios años viviendo de alquiler y de mucho buscar una vivienda en La Llagosta, varios amigos me enviaron un anuncio de un piso en venta en Habitaclia. Me explicaron que había existido un contrato de alquiler, que ya había finalizado, que no se había renovado y que, aun así, los inquilinos no se habían marchado. Me dijeron que esto se resolvería pronto, que el piso estaría libre en breve y por eso accedí”. “Para nada hubiese accedido sabiendo todo lo que sé ahora –argumenta– y todo lo que se ha alargado”. “Decidí comprar el piso, que era mi primera vivienda en propiedad, como lo habría hecho cualquier otro. Di la entrada y pedí un préstamo que pago, además de gastos como el IBI, las basuras o la comunidad”, prosigue.
“No ha habido ningún trato de favor desde el Ayuntamiento”
En sus redes sociales, el Ayuntamiento de la Llagosta, gobernado por Óscar Sierra (PSC, hizo público, a última hora de la tarde, un comunicado sobre su actuación en el caso de Toñi Barrionuevo. El consistorio detalló que ha acompañado “durante más de dos años un caso de vulnerabilidad social con intervención continuada”.
El consistorio quiere trasladar a la ciudadanía “información rigurosa y transparente en relación con el procedimiento de desahucio que ha generado preocupación”, en los últimos días. Insiste que se trata “de un procedimiento entre particulares, en el que el Ayuntamiento no es parte, y en el cual la administración local ha intervenido exclusivamente desde el ámbito social, como hace con cualquier vecino o vecina en situación de vulnerabilidad”.
Desde el inicio del caso, los servicios sociales municipales detallan que han realizado un seguimiento continuado, elaborando el informe de vulnerabilidad correspondiente y activando los mecanismos disponibles dentro de sus competencias. En este marco, en junio de 2025 se aprobó la inclusión del caso en “la mesa de emergencia de vivienda, la resolución de la cual corresponde a la Generalitat de Catalunya”, administración competente en esta materia, argumentan fuentes municipales. La resolución fue “favorable” y, actualmente, la solicitud “continúa pendiente de adjudicación de una solución habitacional”. En la Llagosta hay en estos momentos cinco casos en lista de espera.
El Ayuntamiento de la Llagosta quiere subrayar que ha actuado, en todo momento, con “criterios técnicos, profesionales y de equidad, aplicando los mismos protocolos que en cualquier otro caso, sin que haya existido ningún trato de favor”.
Durante este periodo, y de acuerdo con la normativa vigente en cada momento, el Ayuntamiento ha emitido “los informes sociales preceptivos que han permitido posponer en dos ocasiones el lanzamiento judicial”. No obstante, la finalización de la moratoria de protección para personas en situación de vulnerabilidad ya no permite adoptar nuevas medidas de suspensión por esta vía. Ante la inminencia del desahucio
para el 25 de mayo, el Ayuntamiento ha intensificado su intervención ofreciendo varios recursos de urgencia, concluye el comunicado.
En el contrato de compra venta firmado ante notario, al cual ha tenido acceso La Vanguardia , dice: “La finca se halla, según manifiesta la parte transmitente, libre de arrendamientos, pero no de ocupantes. Se encuentra ocupada por la señora doña Antonia Barrionuevo, en situación de precario. La compradora declara conocer y aceptar que la finca se encuentra ocupada por la sra. Antonia”. Ruiz se desplazó hasta el piso para explicarle a la inquilina que “necesitaba el piso para vivir, pero podíamos intentar llegar a un acuerdo y darle el tiempo que necesitase para encontrar otra vivienda”. Ante el posible desahucio, Servicios Sociales les ofreció ir, temporalmente, a un hotel, pero, como no admiten perros, Barrionuevo lo declinó. “Thor es mi familia. He movido cielo y tierra para seguir pagando un alquiler. Sufro por mi hijo y tengo los nervios destrozados”, confesaba ayer, rodeada de vecinos.
