El máximo tribunal estableció el 10 de junio como fecha límite para que la ANSES presente una propuesta de pago por los fondos adeudados al sistema jubilatorio bonaerense. El reclamo supera los $2 billones.
La disputa entre la Provincia de Buenos Aires y el Gobierno nacional por el financiamiento del sistema previsional sumó un nuevo capítulo judicial. La Corte Suprema de Justicia de la Nación estableció un plazo concreto para que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) formule una propuesta de pago por la deuda que mantiene con el Instituto de Previsión Social (IPS), organismo encargado de las jubilaciones bonaerenses.
La decisión se conoció tras una audiencia realizada este martes, en la que participaron autoridades provinciales encabezadas por el gobernador Axel Kicillof, junto a funcionarios del área económica y legal. Del lado nacional, asistieron representantes del organismo previsional y del Ministerio de Economía.
Al término del encuentro, desde la Provincia señalaron que se logró un compromiso para avanzar hacia una instancia de resolución. Según indicaron, el próximo 10 de junio deberá presentarse una oferta concreta que detalle los montos y condiciones de transferencia de los fondos reclamados. La administración bonaerense remarcó que se trata de una deuda que lleva más de dos años sin resolverse, pese a antecedentes de acuerdos similares con otras jurisdicciones.
El reclamo provincial incluye distintos componentes acumulados en los últimos años. Entre ellos figuran anticipos no actualizados, diferencias en transferencias vinculadas al déficit previsional y montos pendientes correspondientes a ejercicios anteriores. De acuerdo con estimaciones oficiales, la suma total asciende a aproximadamente 2,2 billones de pesos.
Uno de los puntos centrales del conflicto tiene origen en medidas adoptadas por el Gobierno nacional a partir de 2024, cuando se interrumpieron transferencias que, según la Provincia, eran obligatorias. En ese marco, la gestión bonaerense cuestiona la validez del decreto que modificó el esquema de financiamiento, al considerar que carece de fundamentos suficientes.
Además del reclamo estrictamente previsional, las autoridades provinciales advierten sobre un escenario financiero complejo. Señalan que la caída de la recaudación, combinada con la reducción de transferencias discrecionales y la paralización de la obra pública nacional, incrementó la presión sobre las cuentas locales.
En paralelo, el gobierno bonaerense volvió a plantear la discusión estructural por la distribución de recursos entre Nación y provincias. Según sostienen, existe un desbalance histórico en el régimen de coparticipación federal que perjudica a Buenos Aires, al aportar una proporción significativa de la recaudación total pero recibir una porción menor en la distribución.
El conflicto también se da en un contexto de mayores demandas sociales. Desde la Provincia indicaron que recortes en programas nacionales, como la provisión de medicamentos y asistencia alimentaria, generan un traslado de responsabilidades hacia los gobiernos subnacionales. En respuesta, la administración bonaerense anunció recientemente incrementos en partidas destinadas a políticas sociales, incluyendo el refuerzo del Servicio Alimentario Escolar (SAE), que alcanza a millones de estudiantes.
La jornada estuvo marcada, además, por nuevas acciones judiciales impulsadas por sectores vinculados a la gestión provincial. Dirigentes sociales presentaron un amparo para exigir la actualización de los ingresos de trabajadores incluidos en programas nacionales, en línea con los reclamos por el ajuste en distintas áreas.
Con este escenario, la audiencia de junio aparece como un punto clave para definir si se encamina una solución negociada o si el conflicto escala en el ámbito judicial. Mientras tanto, la Provincia mantiene su postura de exigir el cumplimiento de las obligaciones financieras por parte del Estado nacional.
