La jornada judicial de este jueves cerró con un alegato contundente del fiscal federal Federico Carniel, quien pidió severas condenas contra la familia López en el marco de la causa por lavado de activos agravado.
Carniel requirió 13 años y seis meses de prisión para Ramón Alberto «Tito» López, 13 años para su esposa Librada Beatriz Romero, y 12 años para sus hijos David Alberto, Walter Ramón y Daniel Orlando López, todos señalados como coautores de un esquema de enriquecimiento ilícito.
Según el fiscal, la evidencia reunida demuestra que los acusados obtuvieron dinero y bienes de manera irregular, en connivencia con funcionarios provinciales con capacidad de entregar tierras, fondos y otros recursos públicos. «Todo el dinero lo obtuvieron de manera espuria, ilícita, en un entramado que constituye corrupción», sostuvo Carniel, recordando el reciente procesamiento de López y exfuncionarios por fraude millonario con tierras fiscales, lo que -según dijo- confirma el origen ilegal de los fondos.
El representante del Ministerio Público remarcó que la actividad de López como dirigente social fue utilizada para fines personales y familiares, desviando recursos que debían asistir a personas en situación de vulnerabilidad. «Ese dinero, que debía llegar a quienes estaban bajo la lluvia y el frío, terminó engrosando su patrimonio», señaló, calificando el hecho como un agravante por la extensión del daño y por tratarse de fondos de todos los contribuyentes.
Por su parte, la defensa encabezada por el abogado Marcelino Leiva cuestionó la acusación y aseguró que «no hay pruebas suficientes, por más que sean abundantes». Se mostró confiado en demostrar la inexistencia de los delitos imputados y afirmó que su defendido «va a quedar en libertad». El proceso continuará con la exposición de los argumentos de la defensa, mientras la expectativa se centra en la resolución que deberá adoptar el Tribunal Oral Criminal Federal de Resistencia (TOCF) frente a uno de los casos más resonantes de presunta corrupción y lavado de dinero en la provincia.
Esta causa es también la antesala de la reciente imputación del fiscal Carlos Amad para el exgobernador Jorge Milton Capitanich y su exministra Marta Soneira y otros, en el marco de investigación por la entrega irregular de tierras fiscales, requerimiento que en un plazo de dos semanas deberá resolver el juez Fernando Carbajal.
