La derechista Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez están próximos a protagonizar la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú con el 95,14 % del escrutinio, a medida que paulatinamente se incrementa la ajustada ventaja de Sánchez sobre el ultraderechista Rafael López Aliaga, que actualmente se sitúa en unos 20.300 votos.
Tras las elecciones del 12 de abril, que se extendieron hasta el día siguiente en 13 centros de Lima que no pudieron abrir debido a que no llegó a tiempo el material electoral, ya se terminaron de procesar todas las actas, pero quedan pendientes de revisión de los jurados electorales más de 4.500 actas que han sido impugnadas por inconsistencias o irregularidades.
Fujimori (Fuerza Popular) es la más votada con el 17,05 % de los votos válidos al sumar 2.730.338 papeletas; seguida en segundo lugar por Sánchez (Juntos por el Perú), con 12,03 % al contabilizar 1.926.100 sufragios; y en tercera posición por López Aliaga (Renovación Popular), con 11,90 %, al aglutinar 1.905.755 apoyos.
La diferencia entre Sánchez y López Aliaga es actualmente de 20.336 votos, después de que el izquierdista pasara del séptimo al segundo lugar, a medida que se ha computado el voto de zonas rurales, lugares donde el candidato que compite en representación del expresidente Pedro Castillo (2021-2022) es el más votado.
De acuerdo a distintos analistas, los votos de las actas impugnadas no darán un vuelco a la situación y, a medida que se resuelvan, harán que Sánchez conserve la segunda plaza del escrutinio.
El conteo continúa mientras López Aliaga sigue denunciando, sin pruebas sólidas, un supuesto fraude premeditado en su contra, narrativa que se ha visto alimentada por las numerosas irregularidades y deficiencias registradas en el proceso electoral por la falta de material electoral, lo que llevó a que numerosos locales de votación en Lima abriesen con varias horas de retraso o incluso al día siguiente.
Desde Renovación Popular y otros sectores de la derecha peruana se ha presionado al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), máximo ente electoral, para que anulara los comicios o convocara a unas inéditas «elecciones complementarias» donde votarían aquellas personas que no pudieron hacerlo el día de los comicios por culpa de los retrasos en los centros de votación.
Ninguno de los dos escenarios está contemplado en la legislación peruana, por lo que algunas de las principales misiones de observación electoral desplegadas en el país han exhortado a seguir el desarrollo de los comicios dentro del marco legal.
Este viernes, el JNE comunicó que las elecciones complementarias que exige López Aliaga son inviables, pero la presión y críticas contra el organizador de las elecciones, Piero Corvetto, provocó que el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) presentara el martes su renuncia, en medio de críticas y amenazas de López Aliaga.
Texto: EFE
