En un contexto de fragmentación geoeconómica y reconfiguración de las cadenas globales de valor, los programas de Operador Económico Autorizado (OEA) y sus Acuerdos de Reconocimiento Mutuo (ARM) se han consolidado como instrumentos centrales de facilitación del comercio basada en la confianza. Sin embargo, mientras la Unión Europea (UE) ha avanzado en acuerdos con economías desarrolladas, ningún país de América Latina —pese a importantes progresos—ha logrado cerrar un acuerdo de reconocimiento mutuo con el bloque europeo.
El momento no es menor. La UE es uno de los principales socios comerciales de la región y el comercio de bienes, especialmente con el MERCOSUR, superó los 111.000 millones de euros en 2024, con un crecimiento superior al 36% en la última década. Este intercambio sigue concentrado en productos primarios —como soja, café o carne—, lo que refleja una inserción internacional aún poco diversificada.
En este escenario, los ARM permiten que dos administraciones aduaneras reconozcansus respectivos programas OEA como equivalentes, otorgando beneficios recíprocos a los operadores certificados: menos controles, prioridad en despacho y mayor previsibilidad logística. En la práctica, eliminan duplicidades y crean verdaderos “corredores seguros” para el comercio internacional. Su fundamento está en el Marco SAFE de la Organización Mundial de Aduanas (OMA), que promueve simultáneamente la seguridad y la facilitación del comercio mediante estándares globales y cooperación entre aduanas y sector privado.
Pero estos acuerdos no son automáticos. La UE exige equivalencia operativa real entre sistemas: programas OEA consolidados, gestión de riesgos compatible, intercambio seguro de información y marcos jurídicos robustos. Sobre todo, evalúa la capacidad institucional y la consistencia en la aplicación de controles.
Este nivel de exigencia explica por qué la UE ha firmado ARM con un número limitado de socios —como Estados Unidos, Japón o Canadá— caracterizados por altos estándares regulatorios y tecnológicos. América Latina, en cambio, ha avanzado de forma significativa pero desigual.
Aun así, la región ha construido una red relevante de acuerdos. En 2022, diez países —Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay— firmaron un ARM regional que constituye uno de los esfuerzos más ambiciosos del mundo en desarrollo. A esto se suman iniciativas dentro del MERCOSUR, la Comunidad Andina y la Alianza del Pacífico, que evidencian una clara voluntad de integración normativa.
Más revelador aún es que varios países de América Latina, incluyendo Centroamérica y el Caribe, ya han logrado acuerdos con socios clave del sistema global. Economías como México, Colombia, Perú, Brasil, Uruguay, República Dominicana, Costa Rica y Guatemala cuentan con acuerdos de reconocimiento mutuo con Estados Unidos, vinculados al programa C-TPAT. Asimismo, Corea del Sur ha desarrollado una activaestrategia de vinculación con la región, firmando ARM con México, Perú, Colombia, Brasil, Uruguay, República Dominicana y Costa Rica. Esto demuestra que muchos países latinoamericanos tienen la capacidad para cumplir estándares internacionales exigentes.
El caso de República Dominicana es ilustrativo. Este país caribeño ha firmado acuerdostanto con Estados Unidos como con Corea del Sur, demostrando que incluso economías de menor escala pueden cumplir estándares exigentes y posicionarse dentro de redes globales de confianza. Más aún, ambos socios mantienen acuerdos con la UE. Esto sugiere que el obstáculo para un ARM entre la UE y países de América Latina no radica en la ausencia de capacidades individuales.
La relevancia de este punto se amplifica al observar la estructura productiva de la región. Aunque las micro, pequeñas y medianas empresas representan más del 99% del tejido empresarial latinoamericano, apenas alrededor del 10% exporta directamente, frente a cerca del 40% en la Unión Europea. Además, más del 80% del valor exportado está concentrado en grandes empresas, lo que limita la diversificación y el acceso de las pymes a los mercados internacionales.
Aquí es donde el debate sobre OEA y ARM adquiere una dimensión estratégica. La evolución reciente del Marco SAFE refleja precisamente esta preocupación. La edición más reciente del estándar incorpora explícitamente la necesidad de integrar a las micro, pequeñas y medianas empresas en los programas OEA, reconociendo que una mayor participación de estas es esencial para lograr un comercio más inclusivo y eficiente.
En la misma línea, un informe conjunto de la OMA, la Organización Mundial del Comercio y la Cámara de Comercio Internacional subraya que la participación de las pymes es clave para que los programas OEA alcancen su pleno potencial, al facilitar su inserción en cadenas globales y mejorar su competitividad.
En este contexto, el reciente acuerdo entre la Unión Europea y MERCOSUR abre una ventana de oportunidad estratégica. Aunque representa un hito en términos de liberalización comercial y acceso a mercados, no incorpora —al menos por ahora— un acuerdo de reconocimiento mutuo OEA entre ambos bloques. Esta ausencia deja en evidencia una brecha importante: se avanza en el acceso a mercados, pero no en la reducción de fricciones operativas.
Cerrar esta brecha podría tener efectos transformadores. Un ARM entre la UE y América Latina no solo reduciría tiempos y costos logísticos, sino que también contribuiría a democratizar el comercio internacional. Para las pymes, implicaría pasar de una participación indirecta —a través de intermediarios— a una integración más directa en cadenas de valor globales.
En definitiva, América Latina ha demostrado que puede construir confianza a nivel bilateral y regional. El desafío ahora es escalar esa confianza, armonizar estándares y consolidar capacidades institucionales para dialogar de igual a igual con la Unión Europea.
Porque, en última instancia, los acuerdos de reconocimiento mutuo no solo facilitan el comercio: también fortalecen la seguridad de la cadena logística y abren nuevas oportunidades competitivas para las pymes.
Karolyn Salcedo
Abogada especialista en derecho económico internacional, aduanas yfacilitación del comercio. Ha trabajado en la Aduana de la República Dominicana y enorganismos multilaterales como el Centro de Asesoría Legal para Asuntos de la OMC(ACWL) y la Organización Mundial de Aduanas (OMA) donde participó en iniciativasde reformas aduaneras, facilitación del comercio y fortalecimiento de capacidades paraLatinoamérica y el Caribe. Actualmente se desempeña como Directora Comercial yOperativa de Global Storage Spain. Correo electrónico: [email protected].
