La iniciativa legislativa presentada en el Senado bonaerense propone endurecer las sanciones, permitiendo el decomiso y la compactación de vehículos ruidosos. El proyecto busca proteger la salud pública y la convivencia urbana frente a la contaminación sonora generada por escapes no homologados en autos y motos
La problemática de los ruidos molestos causados por vehículos con escapes modificados ha escalado a la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires. Recientemente, la senadora provincial de Hechos – UCR Identidad, Emilia Subiza, presentó un proyecto de ley con el firme objetivo de prevenir, controlar y sancionar la contaminación sonora vehicular en todo el territorio bonaerense. La propuesta pone el foco tanto en motocicletas como en automóviles que circulan con sistemas de escape no autorizados o deliberadamente adulterados.
La iniciativa de la legisladora oriunda de San Nicolás surge tras considerar que el esquema de multas actual es «insuficiente» para disuadir estas conductas. Según el texto del proyecto, se prohíbe circular con rodados que carezcan de silenciador, posean sistemas modificados respecto al homologado o incorporen dispositivos para amplificar explosiones. «La proliferación de escapes no autorizados o adulterados genera contaminación sonora en las localidades, afecta la salud psicofísica de la comunidad, altera la convivencia urbana y compromete la seguridad vial», enfatizó Subiza al fundamentar su propuesta.
El proyecto contempla sanciones severas que incluyen multas de entre 300 y 1.000 Unidades Fijas para los conductores, la inhabilitación para conducir por hasta un año y la posibilidad de compactación del vehículo secuestrado, incluso sin necesidad de reincidencia, si el juez lo considera necesario por la gravedad del ruido o la intencionalidad. Además, la norma busca regular la cadena comercial, castigando con multas más elevadas y clausuras a los comercios que fabriquen o instalen estos escapes antirreglamentarios.
En los fundamentos, Subiza sostiene que el actual esquema legal “se encuentra centrado en la circulación del vehículo, sin abordar de manera integral la cadena de fabricación, comercialización, distribución e instalación de sistemas de escape antirreglamentarios”, y advierte que “la proliferación de escapes no autorizados en la provincia de Buenos Aires genera contaminación sonora, afecta la salud psicofísica de la población, altera la convivencia urbana y compromete la seguridad vial de todos los bonaerenses”.
La Ordenanza promulgada en General Rodríguez
Esta movida provincial encuentra un correlato directo en medidas tomadas recientemente a nivel local. Semanas atrás en General Rodríguez, se promulgó la Ordenanza Municipal Nº 5.439/26, la cual ya establece un marco estricto contra los ruidos excesivos del tránsito.
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Al igual que el proyecto provincial, la normativa local otorga facultades extraordinarias a los inspectores para realizar el secuestro inmediato de vehículos con escapes modificados, incluso si se encuentran estacionados en la vía pública sin su dueño presente. En el caso de General Rodríguez, el foco también está puesto en la destrucción de las autopartes prohibidas para asegurar que no vuelvan a las calles.
Para recuperar un rodado incautado bajo esta ordenanza, el propietario debe no solo pagar la multa, sino también proveer e instalar un repuesto reglamentario antes de que el vehículo sea liberado. Ambas iniciativas, tanto la provincial como la municipal, responden a un reclamo histórico de los vecinos que buscan proteger la tranquilidad urbana y la salud, especialmente de sectores vulnerables como las personas con autismo, quienes perciben los ruidos con mayor intensidad.
