«Nos mueve el propósito de reconciliar al Sistema de Administración de Justicia con la ciudadanía, en tanto fuente única de su legitimidad, en virtud del desprestigio al que lo han llevado años de aislamiento». La solicitada movía la estantería del Poder Judicial. Nacía «Justicia Legítima», una agrupación que buscaba darle otra perspectiva a la Justicia.
En abril de 2013 hizo su presentación oficial. Colmó uno de los salones de la Biblioteca Nacional. Esa primera solicitada la firmaron más de 200 personas de la justicia. Entre ellas, la entonces procuradora General de la Nación Alejandra Gils Carbó, la defensora general Stella Maris Martínez, el juez de la Cámara Federal de Casación Penal Alejandro Slokar, magistrados y fiscales de todos los fueros y de todo el país.
«Justicia Legítima» nacía como una respuesta a lo que siempre se llamó «la familia judicial», más cercana a un Poder Judicial cerrado, y que representaba en su mirada la Asociación de Magistrados. La nueva entidad, de corte progresista, buscaba una justicia más popular, abierta, cercana a la gente. El objetivo quedó trunco.
La primera crítica que hubo fue «¿los que no estamos en ´Justicia Legítima´ somos ilegítimos?». Muy pronto llegó otra. El gobierno de la entonces presidenta Cristina Kirchner propuso un proyecto para reformar la justicia. Se conoció como la «democratización de la justicia». Y «Justicia Legítima» lo apoyó pero muchos de sus integrantes no.
Esas voces disidentes objetaban que en rigor la iniciativa buscaba cooptar al Poder Judicial con fines políticos. Así, comenzó la primera sangría de adeptos, muchos de los cuáles quedaron marcados por firmar esa primera solicitada.
La agrupación mantuvo su vigencia a base de logar nombramientos de jueces, fiscales y defensores oficiales por su cercanía con el kirchnerismo. Hasta tuvo representación política en el Consejo de la Magistratura de la Nación -donde se hacen los concursos para jueces- a través de la lista Celeste, agrupación que por esa cercanía también sufrió la perdida de integrantes que formaron una nueva agrupación.
«Justicia Legítima» tuvo como presidentas a dos mujeres que luego fueron funcionarias de gobiernos kirchneristas. La ex fiscal Cristina Caamaño fue funcionaria del Ministerio de Seguridad de la Nación durante el segundo mandato de Cristina Kirchner e interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en la administración de Alberto Fernández.
Por su parte, la ex jueza María Laura Garrigós de Rébori estuvo al frente del Servicio Penitenciario Federal (SPF) durante el gobierno de Alberto Fernández.
La agrupación volvió a ser noticia porque el gobierno nacional de Javier Milei envió al Senado pliegos con postulaciones para el Poder Judicial de personas vinculadas a la entidad.
Uno de ellos es Juan Manuel Mejuto, propuesto para el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 8 de la Capital. Mejuto, firmante del primer comunicado de la agrupación ultra K Justicia Legítima, es secretario del TOF 5 y mano derecha de Daniel Obligado, uno de los jueces que en 2021 firmó el sobreseimiento de Cristina en la causa Hotesur y Los Sauces.
Otro con antecedentes en Justicia Legítima es Hernán Figueroa, firmante de aquella histórica solicitada que en 2013 defendía la reforma judicial K. Figura como defensor público ante los Tribunales en el fuero Penal Económico y recientemente se pronunció contra la baja de la edad de imputabilidad que concretó el Gobierno.
