Un informe global de la consultora KPMG presentado oficialmente en un encuentro del Council of the Americas en Washington el pasado 15 de abril, reveló detalles del tráfico y contrabando de cigarrillos y tabaco en Latinoamérica. Según el documentos, el consumo de productos fuera del circuito legal representó el 31,9% del volumen total en un bloque de 11 países analizados entre los que se encuentra Argentina, México, Perú, Paraguay, Panamá, Brasil, Ecuador y Canadá, entre otros. O sea, uno de cada tres cigarrillos que se consumen en la región son de origen ilegal.
Según el informe, este fenómeno no solo erosiona las arcas públicas mediante una evasión impositiva masiva, sino que también fortalece las rutas logísticas y las estructuras de financiamiento del crimen organizado transnacional.
El estudio, que fue encargado por la compañía Philip Morris International (PMI), ofrece un análisis exhaustivo sobre la evolución de este mercado entre 2021 y 2025. Los hallazgos presentados por los especialistas de KPMG subrayan que, durante el último año, se consumieron aproximadamente 77.000 millones de cigarrillos ilícitos en la región. Esta cifra no es solo un dato estadístico, sino el reflejo de una pérdida fiscal estimada en US$ 8.500 millones de dólares para los gobiernos involucrados, lo que representa un alarmante incremento del 17% en el perjuicio económico respecto al periodo anterior.
A pesar de este contexto regional sumamente adverso, donde la ilegalidad parece ganar terreno año tras año, la Argentina se posiciona como el mercado con mayor resiliencia y control relativo. Con una incidencia del 10,7% en 2025, el país registra la tasa de consumo ilícito más baja de todos los mercados estudiados.
Esta cifra muestra una estabilidad en comparación con el 2024, sugiriendo que las barreras de control y la dinámica del mercado local han logrado contener, al menos parcialmente, la tendencia expansiva que sufren sus vecinos. No obstante, esta filtración del 10,7% no es inocua: supuso una pérdida estimada de US$ 332 millones de dólares en recaudación impositiva para el Estado nacional.
El informe detalla que el motor fundamental de la ilegalidad regional son los denominados «Illicit Whites». Se trata de marcas que son fabricadas legalmente en un país -con frecuencia en zonas francas o bajo regímenes especiales- pero que son diseñadas exclusivamente para ser distribuidas de forma clandestina en otros mercados sin el pago de los aranceles correspondientes.
Este segmento representa el 73% del mercado ilícito total en la región. En el caso específico de la Argentina, el flujo de estos productos proviene mayoritariamente de Paraguay. Las autoridades y el reporte de KPMG identifican marcas como Hills, Boxer, Eight y Rodeo como las de mayor circulación en los puntos de venta informales del país.
El contraste con el resto del Cono Sur y Centroamérica es revelador. Hay países en estado de alerta. Chile, que históricamente se destacaba por su institucionalidad y bajos niveles de informalidad, sufrió un deterioro drástico en 2025, con un incremento de 7,3 puntos porcentuales en la ilegalidad hasta alcanzar un preocupante 57,9%.
En el extremo más crítico de la escala se encuentran Panamá y Ecuador, donde el comercio legal es hoy una minoría frente a una incidencia ilícita del 88,8% y 83,6%, respectivamente. Estas cifras indican que en dichos países la estructura estatal ha perdido casi por completo el control sobre la comercialización de este bien, delegando el mercado en manos de organizaciones criminales. También son críticos los casos de Guatemala y Costa Rica.
Los expertos de KPMG enfatizaron durante la presentación que la infraestructura utilizada para el contrabando de tabaco es la misma que sostiene otras economías criminales, como el tráfico de armas y el lavado de activos.
El hecho de que el 31% de la pérdida fiscal de toda la región se concentre en Brasil, el mercado más grande del bloque, resalta la necesidad de una cooperación transfronteriza y una armonización de las políticas fiscales entre los países. La zona de la triple frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay es una de las apuntadas como un foco caliente del tráfico en el informe.
