La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó de manera categórica cualquier intento de injerencia extranjera en los asuntos judiciales del país. Durante su comparecencia ante los medios, la mandataria sostuvo que protegerá la soberanía nacional y evitará que gobiernos externos intervengan en procesos que corresponden exclusivamente a las instituciones mexicanas.
Esta postura surge tras el reciente pedido de extradición emitido por Estados Unidos contra diez figuras políticas, incluido el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
La jefa de Estado subrayó que el pueblo de México posee la facultad única para decidir sobre sus asuntos internos. Aseguró que su administración mantiene una postura clara respecto al respeto mutuo entre naciones.
En su intervención, Sheinbaum enfatizó que no aceptará presiones externas que busquen influir en la impartición de justicia local, especialmente en casos que involucran a representantes públicos elegidos por la ciudadanía.
Crítica a la evidencia presentada
Sheinbaum cuestionó la solidez de las pruebas que el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó para sustentar las solicitudes de arresto. La presidenta mostró imágenes de documentos que contenían anotaciones manuales de nombres y cifras, señalando que tales elementos resultan insuficientes para un proceso de tal magnitud.
Para la mandataria, la falta de rigor en la evidencia documental genera dudas sobre la validez de los cargos imputados a los funcionarios mencionados en el expediente.
La mandataria evitó emitir un juicio directo sobre el contenido, pero invitó a la opinión pública a analizar la precariedad de los respaldos enviados por las autoridades estadounidenses. Destacó que el procedimiento actual carece de precedentes, ya que nunca antes se había solicitado la captura simultánea de un gobernador, un senador y un alcalde en funciones. Este escenario, según su análisis, obliga a una revisión minuciosa de los protocolos legales internacionales.
Exigencia de rigor legal y transparencia
La administración federal reiteró que no otorgará protección a ninguna persona que haya cometido delitos, siempre que existan fundamentos legales sólidos. Sheinbaum explicó que cualquier proceso de extradición debe cumplir estrictamente con la legislación vigente y basarse en pruebas contundentes que demuestren la culpabilidad. Sin estos requisitos, la presidenta sugirió que las acusaciones podrían responder a motivaciones políticas más que a un deseo genuino de justicia.
El conflicto escaló tras el anuncio sorpresivo del Departamento de Estado sobre los pedidos de captura contra diversos funcionarios de Sinaloa.
Entre los señalados figuran el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez, y el senador Enrique Inzunza, además de otros exsecretarios estatales. El Gobierno de México mantiene su exigencia de transparencia y respeto a los canales diplomáticos para resolver esta crisis que afecta la relación bilateral en materia judicial.
